Senado tratará veto total a ley de juzgados de familia

La Cámara de Senadores debatirá en su próxima sesión el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que establece la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia dentro del grupo familiar. La objeción fue solicitada por el presidente Santiago Peña mediante decreto 4121.

El pedido de inclusión fue planteado por la senadora Lilian Samaniego durante la reunión de mesa directiva con líderes de bancada. El presidente del Senado, Basilio Núñez, aceptó incluir el punto en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

El proyecto original fue concebido para abordar específicamente la violencia contra las mujeres, pero según el Ministerio de la Mujer, fue modificado al punto de desnaturalizar su propósito. La cartera sostiene que el texto sancionado no responde al mandato original ni a las necesidades urgentes de atención especializada.

El Ejecutivo fundamenta el veto argumentando la falta de viabilidad institucional, operativa y financiera del proyecto. Considera que la norma no garantiza una implementación adecuada ni establece criterios técnicos suficientes para justificar su aplicación práctica.

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La Corte Suprema de Justicia también expresó reparos, señalando la carencia de datos estadísticos que permitan proyectar el volumen de casos y la capacidad real del sistema judicial para absorber nuevas competencias, sin alterar su funcionamiento actual.

Entre las inconsistencias advertidas, se menciona el alcance del artículo 4°, que amplía el ámbito de aplicación a todo el entorno familiar, contradiciendo el enfoque del proyecto original, centrado en la protección de mujeres víctimas de violencia.

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La Corte agregó que el proyecto ignora legislaciones vigentes, como la Ley 4295/2011 sobre maltrato infantil, así como los procesos por incumplimiento de deber alimentario, lo cual implicaría una reestructuración drástica del sistema judicial vigente.

El Ministerio de Economía, por su parte, advirtió que la propuesta carece de estudios de factibilidad y representaría un alto riesgo de ineficiencia. Según el dictamen, no sería posible aplicar la norma con los recursos ni estructuras actuales del Estado.

Fuente: ABC Color