Intervención a CDE: el informe completo sobre la gestión de Miguel Prieto

La publicación casi en simultáneo de los informes de intervención de las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este sacudió el escenario político y jurídico. Mientras en la capital se revelaban irregularidades administrativas, el Ministerio Público difundió también los hallazgos de la intervención en Ciudad del Este, que abarca la gestión 2019-2022 bajo la administración del exintendente Miguel Prieto. El documento confirma un entramado de desvíos millonarios, fraudes y un caos financiero que deterioró la transparencia institucional.

El informe, elaborado tras la intervención ordenada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N° 4058/2025, describe estados financieros “inverificables y carentes de sustento documental” debido a manipulación de saldos y falta de políticas contables claras. Al 30 de abril de 2025, el municipio contaba con G. 2.756 millones de libre disponibilidad frente a compromisos en salarios que superaban los G. 7.561 millones, lo que evidenció un serio descalce financiero.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el desvío de G. 29.215 millones destinados legalmente a gastos de capital, que fueron utilizados en gastos corrientes en abierta contravención a la normativa. A esto se sumó la desaparición de al menos G. 75 millones en recaudaciones de impuesto inmobiliario que nunca ingresaron a las cuentas municipales, hecho ya denunciado ante el Ministerio Público.

El informe también documenta transferencias irregulares a entidades sin fines de lucro que funcionaron como intermediarias del dinero público. En el caso del programa “Navidad Sustentable” en 2022 y 2023, se canalizaron más de G. 3.346 millones a la empresa L&C Import Export S.A., pese a que su actividad registrada era textil y no de materiales de construcción, como se declaró en los contratos.

Esto revela el primer informe de la intervención a la Municipalidad de Asunción

El Consejo Local de Salud fue otro foco de cuestionamientos. Recibió más de G. 10.500 millones en transferencias sin un acuerdo de descentralización vigente desde 2008. Además, se adjudicó de forma reiterada a la firma SERVMAQ cerca de G. 2.000 millones en obras para el Hospital Regional sin respaldo documental ni fiscalización del Ministerio de Salud. El caso se agrava por un conflicto de intereses: el entonces director de Desarrollo Social del municipio era a la vez síndico titular del Consejo.

La caja chica y los subsidios tampoco escaparon a las anomalías. Se detectaron compras de alimentos para funcionarios, pese a la prohibición establecida por ley, y subsidios asignados a un concejal municipal y a un familiar de una funcionaria activa, lo que fue calificado como un uso fraudulento de fondos públicos.

Las contrataciones públicas mostraron irregularidades recurrentes: anticipos de contratos antes de la autorización de la DNCP, ampliaciones que superaron el límite legal del 20% y habilitaciones de proyectos urbanísticos en contravención a las ordenanzas vigentes.

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El documento concluye que las responsabilidades alcanzan desde las autoridades políticas hasta el personal administrativo. Además de denunciar hechos penales, la intervención recomienda investigaciones internas y sumarios administrativos.

La Cámara de Diputados destituyó al intendente Miguel Prieto, del movimiento Yo Creo, durante una sesión extraordinaria. La bancada cartista y sus aliados aprobaron la medida con 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausentes, basándose en el informe del interventor Ramón Ramírez.

Por RDN