Luego de chicanear por dos años, intendenta de Valenzuela acude a su audiencia

Después de más de dos años de dilaciones, la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), finalmente enfrentó este lunes su audiencia preliminar. La jefa comunal fue detenida al llegar al Palacio de Justicia y conducida esposada hasta la sala, donde debía presentarse ante el juez Penal de Garantías Rodrigo Estigarribia.

Fernández y otras once personas están acusadas por lesión de confianza en un caso que involucra presunta malversación de fondos municipales por casi G. 2.000 millones. La causa, que debía avanzar hace más de dos años, se vio constantemente postergada por chicanas procesales, lo que derivó en sanciones contra varios abogados de la defensa.

⚖️Tras innumerables dilaciones || Así llegaba a tribunales la intendenta de Valenzuela (PLRA), Mirtha Fernández, para la realización de la audiencia preliminar ante el juez Rodrigo Estigarribia. Está procesada, junto a otras personas, por lesión de confianza, asociación criminal… pic.twitter.com/WoQIxU4w0t

— Roberto Pérez (@robertoperezpy) September 8, 2025

La intendenta había recibido orden de captura el pasado 28 de agosto, pero permaneció en la clandestinidad hasta el 2 de septiembre, cuando remitió una breve nota a la Junta Municipal de Valenzuela solicitando permiso al cargo. Su comparecencia de hoy marca un giro en un proceso judicial que estuvo paralizado por 29 meses.

Entre los procesados figuran Cristian David Flecha Fernández, tesorero de la comuna; Verónica Acosta, exsecretaria municipal; y otros imputados sin vínculo formal con la administración, como Carlos y Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flecha Fernández y Maglio César Nelson Muñoz Díaz.

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La investigación se centra en diez obras de infraestructura pública declaradas como concluidas en 2019 y pagadas en su totalidad, pero que en varios casos no fueron ejecutadas. Otras se realizaron de manera parcial recién tras la denuncia ante el Ministerio Público, requiriendo nuevos desembolsos.

De acuerdo con la acusación, para justificar los pagos irregulares se presentaron documentos no auténticos que no reflejaban las operaciones reales ni el estado de las obras. La Fiscalía estima que el perjuicio patrimonial asciende a G. 1.199.305.432, registrado entre 2015 y 2020.

Fuente: ABC Color- El Observador