Guardiacárceles en huelga mientras Justicia espera respuesta oficial sobre mejora salarial

El Ministerio de Justicia (MJ) emitió un comunicado en respuesta a la huelga de hambre iniciada por un grupo de guardiacárceles, quienes reclaman mejoras salariales y cumplimiento de compromisos asumidos. La institución aseguró que ya concluyó las gestiones necesarias y que actualmente aguarda respuestas de las instancias económicas.

Según el escrito, se tramitó la recategorización salarial de 1.532 funcionarios permanentes, proceso que se encuentra en análisis administrativo por parte de la Dirección General de Administración del Capital Humano (DGACH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, se informó sobre la gestión de un concurso de desprecarización laboral que beneficiará a 744 empleados contratados con más de cuatro años de antigüedad. La creación de estos cargos fue presentada al Equipo Económico Nacional (EEN), quedando pendiente de aprobación.

El comunicado añade que se solicitó una ampliación presupuestaria para 2026, en estudio por el EEN. Esta propuesta contempla la equiparación de salarios, el pago de bonificaciones por labores insalubres y riesgosas, así como la implementación de la Unidad Básica Alimentaria (UBA) para personal de salud, penitenciario y educadores.

Otro punto destacado es la remisión de una propuesta de modificación del artículo 225 del Presupuesto General de la Nación (PGN), con el fin de incluir a los agentes penitenciarios en el seguro de vida para funcionarios. Con ello se busca ampliar la cobertura a un sector expuesto a riesgos permanentes en el ejercicio de sus funciones.

Mientras tanto, los guardiacárceles mantienen la medida de protesta frente a la sede del Ministerio, exigiendo respuestas concretas y cumplimiento de promesas vinculadas a mejoras salariales y condiciones laborales. Los manifestantes advierten que las medidas podrían intensificarse de no existir avances en breve.

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El MJ sostuvo que las solicitudes ya fueron presentadas en tiempo y forma a las instituciones competentes, y que el retraso responde al proceso de análisis y aprobación que corresponde al área económica del Estado.

La situación refleja la tensión existente entre los agentes penitenciarios y las autoridades, en un contexto en que las demandas de seguridad, estabilidad laboral y condiciones adecuadas dentro del sistema penitenciario siguen siendo temas pendientes de resolución.

Fuente: Megacadena