Hermana de la primera dama sabía sobre facturas a su nombre

Nuevas revelaciones apuntan a Adriana Ocampos de Berea, hermana de la primera dama Leticia Ocampos, quien habría estado al tanto de que se emitían facturas a su nombre y al de su esposo, César Berea, por compras realizadas en Mburuvicha Róga. La información se desprende de conversaciones entre Ocampos de Berea y la exfuncionaria del Gabinete Civil, Luz Candado.

En uno de los mensajes enviados el 29 de enero de 2025, Ocampos le pidió a Candado que le guardara los comprobantes “a su nombre”, argumentando que le serían útiles más adelante. La comunicación evidencia que conocía el uso de su identidad para registrar adquisiciones en la residencia presidencial, operaciones que eran, en su mayoría, pagadas sin intermediarios bancarios.

Luz Candado, exfuncionaria desvinculada en julio pasado, relató que desde su ingreso al Palacio recibió instrucciones para emitir facturas a nombre de terceros por órdenes superiores. Entre las personas utilizadas figuraban miembros del entorno de la primera dama, como Adriana Ocampos y su esposo. Candado también sostuvo que en varias ocasiones debió abonar compras con su tarjeta personal, recibiendo luego la devolución directa de la familia presidencial.

Facturas por pagos con sobres se emitían a nombre de familiares de la primera dama

El caso cobró notoriedad luego de que Candado denunciara haber devuelto dos sobres con 200.000 dólares al presidente Santiago Peña, dinero hallado en dependencias de Mburuvicha Róga entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Su despido, según su versión, fue consecuencia de ese episodio. La funcionaria alegó que se utilizó un presunto robo de fondos como excusa para removerla del cargo.

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Entre los documentos presentados figura una factura superior a 51 millones de guaraníes emitida a nombre de César Berea. Candado aseguró que el monto fue cubierto en dólares entregados directamente por Leticia Ocampos, según registros de audio. Esta transacción, por su valor y forma de pago, debió ser comunicada a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), conforme al Decreto Nº 7851/2017.

Dicho decreto establece la obligación de reportar operaciones que superen los 50 millones de guaraníes, incluso si se fraccionan en pagos menores. Además, ordena notificar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) cuando existan indicios de movimientos sospechosos. Tanto la primera dama, su hermana y su cuñado son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que aumenta el nivel de vigilancia en materia de control financiero.

Fuente: ABC Color