Por falta de recursos, la Fiscalía solo logra investigar el 30% de las causas

El colapso del sistema de investigación criminal en el país tiene números concretos: siete de cada diez denuncias penales no reciben atención adecuada. El Ministerio Público lo admitió públicamente al presentar su propuesta presupuestaria ante el Congreso Nacional, donde reveló que la escasez de recursos condena al archivo o la paralización a la mayoría de los casos que ingresan anualmente.

Con un presupuesto de G. 672.000 millones, la institución apenas pudo atender 310.927 causas ingresadas ese año. La cuenta es sencilla y alarmante: investigar un caso desde el inicio hasta su cierre cuesta aproximadamente G. 90 millones, pero el dinero disponible solo alcanza para tres de cada diez expedientes.

¿Cuál es el valor económico de una causa?
¿Cuánto dinero tiene el Ministerio Público para investigarla?
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— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) October 6, 2025

La brecha se agrava mes a mes. Entre enero y septiembre de 2025, ya ingresaron más de 215.000 causas nuevas en todo el territorio nacional. Esto significa que cada fiscal debe cargar con un promedio de 510 casos al año, una cifra que excede por mucho cualquier estándar de eficiencia y calidad en la persecución penal.

Para revertir esta situación crítica, el Ministerio Público solicitó un presupuesto de G. 1.056.606 millones para el ejercicio fiscal 2026. De ese monto, G. 971.709 millones provendrían del Tesoro Nacional y G. 84.897 millones de recursos propios de la institución. Además, reclamó la incorporación urgente de al menos 560 agentes fiscales adicionales para distribuir la carga de trabajo de manera razonable.

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Las autoridades del Ministerio Público fueron claras durante la presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto: sin fondos suficientes, la impunidad deja de ser una falla del sistema para convertirse en su resultado inevitable. Miles de víctimas quedan sin posibilidad de obtener justicia, mientras los delincuentes operan con la certeza de que la mayoría de sus actos no serán investigados.

La advertencia es directa: el Estado no puede exigir resultados en materia de seguridad y justicia si no invierte lo necesario para que la institución encargada de investigar los delitos funcione. El presupuesto actual no es insuficiente solo en términos económicos, sino que representa una limitación concreta al derecho de acceso a la justicia que garantiza la Constitución Nacional.

Fuente: Judiciales. Net