Negligencia del clan González expone millonario daño al IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta un perjuicio de G. 75.235 millones tras una omisión procesal atribuida a la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la dirección del clan González. La inacción del organismo estatal habría permitido que la Municipalidad de Asunción avance en el cobro de una deuda que pone en riesgo los fondos previsionales.

En 2023, la comuna capitalina inició un juicio de ejecución de resoluciones administrativas para exigir el pago de tributos acumulados entre 2018 y 2023. El monto, equivalente a unos 10 millones de dólares, incluye impuestos inmobiliarios, tasas y contribuciones, pese a que el IPS sostiene que sus bienes son inembargables por mandato constitucional.

El ente previsional, dirigido por José González Maldonado, presentó una excepción de inhabilidad de título, argumentando la inconstitucionalidad del cobro. La defensa alegó que gravar propiedades del IPS implica desviar recursos destinados a la seguridad social, en violación del artículo 95 de la Constitución Nacional.

Aun así, la defensa del propio IPS reconoció parte de la deuda, dejando sin disputa más de G. 56.000 millones. El juez de Primera Instancia rechazó la excepción, y el caso pasó al Tribunal de Apelación tras la intervención del exprocurador general Marco Aurelio González, hermano del director jurídico del ente.

Sin embargo, la Procuraduría, responsable de defender los intereses del Estado, fue notificada electrónicamente el 20 de agosto de 2024 y no presentó la fundamentación del recurso dentro del plazo legal, que vencía el 28 del mismo mes. La omisión procesal permitió que el tribunal declare desiertos los recursos de apelación y nulidad.

La consecuencia fue inmediata: el Tribunal impuso costas procesales a la PGR, allanando el camino para que el municipio ejecute el cobro. La negligencia institucional generó un precedente jurídico peligroso para los fondos públicos y las instituciones exoneradas de impuestos.

La Municipalidad, representada por el abogado tercerizado Andrés Simón Flecha, ya había ganado un litigio similar contra el IPS por G. 18.860 millones, correspondiente al periodo 2013-2017. Pese a este antecedente, el Estado volvió a incurrir en un error procesal grave que compromete la defensa del patrimonio público.

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El abogado José González, actual director jurídico del IPS, confirmó que existen dos juicios en curso. Sostuvo que el más reciente aún está en análisis de la Corte Suprema, con votos divididos, y que la PGR actúa solo como coayudante.

El caso evidencia una cadena de omisiones y conflictos de interés que debilitan la institucionalidad estatal. Mientras el IPS insiste en que sus bienes son inembargables, la falta de diligencia de la Procuraduría permitió un fallo adverso que podría costar millones a los asegurados del sistema previsional.

Fuente:  ABC Color