El fiscal Carlos Jorge Acuña Ferreira imputó a Jorge Fabián Ayala Espínola por presunta estafa y apropiación. La causa se tramita ante el Juzgado Penal de Garantías de Fernando de la Mora, bajo los artículos 187 y 160 del Código Penal.
Según el Ministerio Público, Ayala habría engañado al comerciante Juan Marcelo Ramírez Chan. Le ofreció una supuesta inversión en criptomonedas con “bots automáticos” que garantizaban una rentabilidad mensual del 10%. El imputado se presentó como experto en inversiones digitales y aseguró que no existían riesgos.
Las operaciones se realizarían mediante las plataformas OKX y Cornix. Confiando en la amistad con Ayala, la víctima realizó transferencias entre febrero de 2024 y marzo de 2025. En total, entregó USD 100.742, incluyendo 0,2 BTC, 20.000 USDT y otros montos parciales. También pagó comisiones adicionales por mantenimiento de operaciones.
La investigación indica que Ayala administró el dinero sin transparencia. Realizó operaciones de “futuros perpetuos”, un esquema financiero de alto riesgo, sin autorización ni conocimiento del inversionista. El afectado denunció que el imputado ocultó información hasta que perdió todo el capital.
El 7 de abril de 2025, Ayala informó que las inversiones habían sido liquidadas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que continuó recibiendo beneficios personales mediante comisiones automáticas y programas de referidos. Estos ingresos, según el Ministerio Público, constituyen una ganancia patrimonial indebida.
La conducta atribuida al imputado reúne los elementos del delito de estafa. Se habría aprovechado de la confianza y manipulado la información para obtener fondos. Además, se le investiga por apropiación, al destinar el dinero a fines distintos de los acordados con la víctima.
Jorge Ayala no es ajeno a la justicia. Fue propietario del complejo gastronómico Manzana T en Villa Morra y anteriormente fue imputado por el derrumbe del restaurante Brunetto, que dejó víctimas y daños estructurales.
La Fiscalía solicitó el allanamiento del domicilio de Ayala. Busca incautar dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras que contengan pruebas. También se incorporarán transferencias bancarias, capturas de pantalla y conversaciones digitales. Con base en los indicios, el fiscal pidió continuar la causa hasta el juicio oral, conforme al artículo 302 del Código Procesal Penal.
Fuente: PDS Digital
