DNIT justifica operativo en finca de Boquerón por Contrabando

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que el operativo en una finca del departamento de Boquerón, perteneciente a la empresa Cebolla Chaqueña, fue el resultado de más de un mes de investigación. La intervención fue encabezada por el titular de la DNIT, Óscar Orué, y apuntó a verificar presuntas irregularidades tributarias y de trazabilidad de productos.

El gerente de Aduanas, Juan Olmedo, explicó que el procedimiento se originó tras varios controles realizados en la zona, donde se detectaron inconsistencias en la documentación de origen y destino de las mercaderías. Detalló que las inspecciones comenzaron en la primera quincena de septiembre, cuando fueron retenidas cargas sin respaldo tributario ni sanitario.

De acuerdo con Olmedo, los productores fueron advertidos en esa ocasión sobre la obligación de contar con trazabilidad y documentación coherente entre los permisos del Senave y los registros tributarios. Sin embargo, en un segundo control realizado 15 días después, las inconsistencias persistían. Los inspectores constataron que los productos eran transportados con un “mix de documentaciones”, en el que un productor figuraba como fabricante y otro como comercializador.

Ante la falta de claridad en el origen de las mercaderías, la DNIT realizó una compra simulada en el establecimiento investigado. Según Olmedo, los vendedores no entregaron ningún comprobante, y parte de los productos se encontraban embolsados con etiquetas brasileñas, mientras que otros usaban envoltorios nacionales.

Durante el allanamiento posterior, realizado con acompañamiento de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, se incautaron aproximadamente 2.900 bolsas de cebolla. De ellas, unas 300 presentaban envases con identificación brasileña, mientras que las restantes parecían de producción local. El funcionario señaló que la normativa del Senave prohíbe el uso de empaques reutilizados, ya que comprometen la calidad del producto.

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El operativo generó críticas por parte de gremios productivos como Fecoprod, CAP y UGP, que exigieron sanciones a los responsables del procedimiento y mayores garantías para la producción nacional. Sin embargo, Olmedo sostuvo que la intervención respondió a una investigación técnica, destinada a frenar prácticas de contrabando y proteger la formalidad del sector.

Fuente: ABC Color