Segunda orden de captura emitida contra exintendente Cárdenas

La jueza Lici Sánchez emitió una segunda orden de captura contra Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente de Lambaré, quien enfrenta un proceso judicial por cohecho pasivo, cohecho agravado y otros delitos vinculados a presuntos pedidos de sobornos a importadores frutihortícolas.

El Ministerio Público acusa a Cárdenas y a varios implicados, entre ellos Pastor Soria, ex titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), de integrar un esquema de extorsión para obtener pagos indebidos a cambio de la entrega de acreditaciones fitosanitarias necesarias para la importación de frutas y hortalizas.

La magistrada explicó que decidió declarar la rebeldía del exintendente y ordenar su captura debido a que el proceso lleva más de cinco meses sin avances por “distintas dilaciones”. Según indicó, las circunstancias judiciales impiden que Cárdenas comparezca sin comprometer el desarrollo del expediente.

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La nueva orden se suma a otra ya vigente, emitida en el marco de una causa por lesión de confianza, en la que Cárdenas fue condenado a ocho años de prisión por el desvío de más de 800 millones de guaraníes de la Municipalidad de Lambaré. Pese al fallo judicial, el político colorado aún no se presentó a cumplir la condena.

️#ElObservadorAlAire | Dra. Lici Sánchez. Jueza Especializada

Orden de captura sobre Roberto Cárdenas: "Es una causa por cohecho pasivo, según antecedentes, la audiencia de imposición de medidas se viene postergando hace más de cinco meses, pero la situación detonante para… pic.twitter.com/ZUgGK5al0L

— El Observador (@observapy) October 23, 2025

De acuerdo con la Fiscalía, los importadores debían pagar montos que oscilaban entre cinco millones y ochenta millones de guaraníes para acceder al certificado fitosanitario de importación, un documento cuyo costo legal no supera los 17.000 guaraníes.

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El daño patrimonial generado por Cárdenas durante su gestión, entre 2012 y 2013, provino del uso irregular de fondos del Fonacide, destinados a obras en instituciones educativas. La jueza Lici Sánchez subrayó que corresponde ahora al Ministerio Público y a la Policía Nacional proceder con su localización y detención.

Con esta nueva orden, el exintendente suma dos procesos judiciales abiertos y se mantiene prófugo de la justicia paraguaya, mientras avanzan las investigaciones por corrupción y cohecho en su contra.

Fuente: ABC Color