El Estado indemnizará a un peluquero preso sin motivo durante más de 22 meses por un caso de robo agravado. La sentencia beneficia a Marcelo Manuel Romero, quien demandó al Estado paraguayo por daños y perjuicios tras recuperar su libertad.
La jueza civil Rossana Elizabeth Frutos Olguín condenó al Estado a pagar G. 221.807.288, más intereses. La magistrada rechazó la excepción de falta de acción planteada por la Procuraduría General de la República e hizo lugar a la demanda promovida por la abogada Raquel Talavera.
Romero sostuvo que estuvo privado de libertad de forma injusta desde abril de 2019 hasta el 8 de febrero de 2021. El proceso penal terminó con el retiro de la acusación fiscal y el pedido de sobreseimiento definitivo. Los magistrados Víctor Hugo Alfieri, Darío Báez Ferreira y María Luz Martínez Vázquez admitieron el retiro de la acusación y lo sobreseyeron.
Peluquero preso sin motivo alegó error judicial
En su demanda, Romero afirmó que estaba en Argentina cuando se enteró por televisión y por familiares de que lo vinculaban a un robo ocurrido en 2012. Según relató, ni siquiera se encontraba en el país al momento del hecho investigado.
El hombre regresó a Paraguay para presentarse ante las autoridades y probar su inocencia. Sin embargo, el Juzgado Penal de Garantías dispuso su prisión preventiva el 24 de abril de 2019. Romero sostuvo que la medida se basó en elementos débiles, como un parte policial, y que la víctima no lo reconoció.
️Por error judicial, el Estado fue condenado a indemnizar con G. 221.807.288, más intereses, a un peluquero que estuvo preso por 22 meses por un caso de robo agravado. Fue sobreseído tras el retiro de la acusación, porque el mismo era inocente y ni siquiera estaba en el país. pic.twitter.com/3KdAZdjCEB
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) May 21, 2026
Sentencia ordena pago por daño moral y lucro cesante
La acción civil reclamó indemnización por lucro cesante, daño moral, psicológico o psiquiátrico y afectación a su proyecto de vida. Romero también denunció haber pasado hambre, frío, peligro y temor durante su reclusión, en un sistema penitenciario donde procesados y condenados no siempre están separados.
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La Procuraduría sostuvo que el reclamo debía dirigirse contra fiscales y jueces, no contra el Estado. No obstante, la jueza entendió que existió error judicial por privación ilegítima de libertad. La sentencia fijó G. 71.807.288 por los 664 días privado de libertad y G. 150 millones por daño moral. Además, dispuso un interés mensual del 2,4% desde noviembre de 2022.
Fuente: ÚH
