Ratifican condena contra Hugo Javier por fondos COVID-19

La Sala Penal rechazó los recursos de casación y dejó firmes las condenas por el desvío de fondos destinados a la reactivación económica tras la pandemia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes la condena de 10 años de prisión para el exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR), y su exjefe de Gabinete, Miguel Robles. Ambos fueron condenados por el desvío de G. 5.105 millones provenientes de los fondos COVID-19 destinados a la reactivación económica tras la pandemia.

La máxima instancia judicial rechazó los recursos de casación presentados por las defensas. Según la resolución, las impugnaciones no reunían los requisitos de forma ni de fundamentación exigidos por el Código Procesal Penal para ser estudiadas.

Además de Hugo Javier y Robles, la Corte dejó firmes las condenas de otros exfuncionarios de la Gobernación de Central. Javier Marcelo Rojas, exdirector de Administración y Finanzas; Luis Allende, extesorero; Lourdes Lezcano, exsecretaria general; y Modesta Valiente Escobar, exfuncionaria de la Dirección General de Control y Evaluación, mantuvieron penas de dos años de prisión con suspensión de la ejecución.

La Corte rechazó los recursos de casación

Con esta decisión, la Sala Penal ratificó íntegramente el fallo dictado durante el juicio oral. La resolución mantiene las responsabilidades establecidas por el Tribunal de Sentencia respecto al manejo de los recursos públicos destinados a enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Durante el proceso se concluyó que Miguel Robles actuó como el principal articulador del esquema investigado. Según la sentencia, recibió el dinero que habría sido cobrado por la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). En tanto, Hugo Javier autorizó y firmó las órdenes de pago a favor de esa organización.

El juicio acreditó desembolsos irregulares

El Tribunal de Sentencia consideró probado que los acusados realizaron maniobras para concretar desembolsos irregulares con fondos públicos. Los recursos debían financiar obras, aunque parte de ellas, según el fallo, ya estaban ejecutadas.

La sentencia también señala que la primera rendición de cuentas fue presentada con facturas clonadas. Posteriormente, se entregó una segunda rendición con el objetivo de corregir las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República. Con el rechazo de los recursos de casación, las condenas quedaron ratificadas por la Corte Suprema.

Fuente: M. Cadena

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