Diputados reabre debate sobre cese automático de manutención

La iniciativa de Jatar “Oso” Fernández genera posturas divididas por su impacto en los procesos de asistencia alimenticia y el rol de los jueces.

La Cámara de Diputados volverá a tratar el proyecto de desobligación automática de manutención para hijos que cumplan 18 años. La propuesta fue presentada por el diputado Jatar “Oso” Fernández, aliado del cartismo, y figura nuevamente en el orden del día de la sesión ordinaria.

El proyecto plantea modificar el artículo 189 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El punto central es que la obligación de pagar asistencia alimenticia cese automáticamente cuando el alimentado alcance la mayoría de edad, sin necesidad de una orden judicial. La discusión importa porque toca un tema sensible: el equilibrio entre los derechos de hijos e hijas y las obligaciones de quienes deben prestar alimentos.

Actualmente, el debate no se limita al fin de la obligación alimentaria. También involucra el funcionamiento de la Justicia, los tiempos de los juzgados y la protección de quienes dependen de una pensión. La Comisión de Niñez y Adolescencia recomendó rechazar la iniciativa, mientras el proyecto mantiene dictámenes divididos.

¿Qué plantea la desobligación automática?

La modificación propone agregar que la obligación decaiga “de pleno derecho” desde el día en que el alimentado cumpla 18 años. También establece que cesen las medidas impuestas contra el alimentante, salvo las deudas acumuladas por cuotas atrasadas.

El proyecto busca dar una salida rápida a quienes siguen obligados a pagar manutención después de la mayoría de edad del beneficiario. Sin embargo, el punto cuestionado es que el cese ya no dependería de una revisión judicial previa. Ese cambio podría dejar sin análisis situaciones particulares, como estudios en curso, dependencia económica o deudas pendientes.

Un debate entre celeridad y protección

La controversia aparece porque la asistencia alimenticia no se limita a comida. También abarca necesidades vinculadas a educación, salud, vivienda, vestimenta y desarrollo. Por eso, el tratamiento del proyecto exige precisión legal y una evaluación de sus efectos prácticos.

El presidente de Diputados, Raúl Latorre, volvió a incorporar la iniciativa en una agenda cargada. No se descarta que el debate vuelva a postergarse por falta de consenso.

El tema llega además en un contexto donde el Estado cuenta con mecanismos para controlar la mora alimentaria, como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La discusión legislativa, por tanto, no solo gira en torno a cortar una obligación, sino a cómo garantizar seguridad jurídica sin debilitar la protección alimentaria.

Fuente: ABC C.

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