Diputados debate aumentar penas contra la corrupción pública y el abigeato

La Cámara de Diputados debatirá hoy un proyecto de ley que plantea aumentar las penas por hechos de corrupción en la función pública. La iniciativa propone elevar las sanciones por desfalcos al Estado y establecer condenas de entre 10 y 15 años de prisión. Durante la sesión ordinaria, las distintas bancadas deberán fijar postura sobre una propuesta que volverá a poner en discusión sus discursos a favor de la transparencia institucional.

El proyecto fue presentado por el diputado Daniel Centurión, integrante de la bancada oficialista Añetete, y figura en el punto 13 “C” del orden del día de la Cámara Baja. Su tratamiento será clave para definir si se endurecen las consecuencias penales para funcionarios que cometan delitos durante su gestión al frente de instituciones públicas.

En la misma sesión también será analizada otra propuesta, incluida en el punto 13 “B”, relacionada con el abigeato. En este caso, la Cámara de Diputados podría establecer una pena máxima de 15 años de cárcel para el robo de ganado. Si ambas iniciativas avanzan en esos términos, el pleno terminaría fijando penas similares para la sustracción de animales y para los grandes perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado.

Pocas posibilidades para endurecer las penas por corrupción pública

Actualmente, la Ley 2523/04 y el Código Penal contemplan penas que, en algunos casos, parten de apenas un año por delitos vinculados con la administración pública. La legislación vigente también permite que determinados procesados eviten la cárcel mediante el pago de multas. A esto se suma que el tope de la pena privativa de libertad para estos hechos puede llegar a 10 años.

La reforma busca cerrar algunas de esas salidas, especialmente en casos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Sin embargo, pese al alcance de la propuesta, existen pocas señales de que el proyecto consiga los votos necesarios para su aprobación.

La Cámara de Diputados mantiene sin resolver cinco pedidos de desafuero contra legisladores investigados por la Justicia. Además, en 2024 rechazó una propuesta para declarar imprescriptibles los hechos de corrupción. En otras oportunidades, el pleno también frenó solicitudes de intervención de municipalidades denunciadas por supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Cuestionamientos a la coherencia de los sectores políticos

En las horas previas a la sesión ordinaria, el debate también estuvo marcado por cruces y cuestionamientos entre integrantes de distintas bancadas. El diputado cartista Rodrigo Gamarra publicó fuertes críticas en redes sociales contra dirigentes opositores que enfrentan procesos judiciales, aunque evitó mencionarlos directamente.

Sus publicaciones generaron cuestionamientos debido a que anteriormente había defendido a exautoridades imputadas por hechos relacionados con la función pública. Entre las figuras a las que respaldó se encuentra el expresidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez.

La votación prevista para esta jornada permitirá conocer hasta dónde están dispuestos a llegar los distintos sectores políticos en el endurecimiento de las sanciones contra la corrupción. Los diputados deberán decidir si establecen castigos más severos para quienes ocasionen perjuicios al patrimonio público o si mantienen el actual esquema penal para este tipo de delitos.

Fuente: ABC Color