Diputados vuelve a tratar pensión para personas con discapacidad

La iniciativa fue aprobada en general en marzo, pero lleva cinco meses pendiente. Roberto González cuestionó las sucesivas postergaciones del proyecto.

La Cámara de Diputados volverá a tratar este martes el proyecto de pensión para personas con discapacidad severa. La iniciativa propone otorgar un subsidio equivalente al 25% del salario mínimo, actualmente unos G. 761.000. El texto ya fue aprobado en general, pero su estudio en particular permanece pendiente desde marzo.

El diputado Roberto González, proyectista de la iniciativa, cuestionó las sucesivas postergaciones y dirigió sus críticas principalmente hacia sus correligionarios colorados. La aprobación depende en gran medida de la mayoría cartista en la Cámara Baja. El legislador pidió avanzar con una propuesta destinada a personas cuya discapacidad esté certificada por el Estado.

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El proyecto obtuvo aprobación general a comienzos de marzo. Su análisis artículo por artículo fue aplazado a pedido de legisladores cartistas, quienes plantearon conformar una mesa técnica. El objetivo anunciado era realizar ajustes para hacer viable la propuesta. Sin embargo, González señaló que cinco meses después ese trabajo todavía no se concretó.

Pensión para personas con discapacidad sigue pendiente

González cuestionó la demora desde la propia doctrina del Partido Colorado. “¿Se volvió tan indolente el coloradismo ante los temas sociales?”, expresó. También sostuvo que postergar medidas destinadas a sectores vulnerables contradice la identidad histórica de su partido. El legislador pidió a sus colegas dejar de aplazar el tratamiento.

El diputado había conseguido una moción de preferencia para ubicar el proyecto entre los primeros cinco puntos del orden del día. Sin embargo, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, lo colocó finalmente en el punto nueve. La iniciativa será nuevamente considerada durante la sesión prevista para este martes.

La legislación vigente contempla un subsidio para personas con discapacidad, pero establece como requisito haber cumplido 60 años. González propone modificar el artículo 3 de esa normativa. Su planteamiento busca que el beneficio pueda otorgarse desde la certificación oficial de una discapacidad severa, sin exigir esa edad mínima.

Antecedente del proyecto y discusión presupuestaria

En mayo del año pasado, Diputados aceptó el veto del presidente Santiago Peña a otra propuesta de características similares. La decisión estuvo sustentada en observaciones relacionadas con el posible impacto sobre el Presupuesto General de la Nación. El debate sobre los recursos necesarios vuelve a aparecer alrededor de la nueva iniciativa.

González también contrapuso esas restricciones presupuestarias con otros gastos autorizados por el Congreso. Semanas atrás, la mayoría de Diputados rechazó eliminar las denominadas bonificaciones por responsabilidad para altas autoridades, esos adicionales pueden oscilar entre G. 5 millones y G. 22 millones mensuales, además de salarios y gastos de representación.

Fuente: ABC C.

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