Mafia de los Pagarés: denuncia apunta a jueces y ujieres

La Mafia de los Pagarés sumó una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores. El escrito apunta a exdirectivos de la extinta Asociación Mutual de Cooperación Universitaria (AMUCLIN), abogados, un oficial de justicia y una docente. Esta última aparece como demandante en más de 40 juicios ejecutivos.

La denuncia menciona a Julia Mabel Acosta Rojas, Fabio Ubaldo Molinas Saldívar, Lourdes Rocío Aranda Benítez y Clara María Benítez de Caballero, expresidenta de AMUCLIN. También incluye al abogado Carlos Enrique Lara. La Comisión solicitó investigar además a otras personas físicas o jurídicas cuyas eventuales responsabilidades aparezcan durante las diligencias.

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Entre los hechos que se pide investigar figuran presunta estafa, asociación criminal y producción de documentos públicos de contenido falso. También se mencionan enriquecimiento ilícito y eventual prevaricato. Un informe remitido por la Corte Suprema de Justicia el 9 de septiembre recoge auditorías de expedientes relacionados con el caso.

Mafia de los Pagarés: auditorías alcanzan a magistrados

Las revisiones se concentraron en juicios ejecutivos contra enfermeras y trabajadoras del Hospital de Clínicas. El reporte derivó en investigaciones disciplinarias contra seis magistrados: Martín Diego Acosta Conde, Edgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabián Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel y Juan Andrés Martínez Zárate. También alcanzaron a los ujieres Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa y Ángela Báez Otazú.

Según los documentos analizados, algunos nombres aparecen reiteradamente y bajo diferentes funciones. Aranda Benítez intervino como abogada en procesos promovidos inicialmente por AMUCLIN y posteriormente por Acosta Rojas. Esta última, docente del Ministerio de Educación y Ciencias, figura como cesionaria y demandante en decenas de acciones ejecutivas.

🎙️#ElObservadorAlAire | #MafiaDePagares 🟩Comisión del Senado amplía denuncia penal por prevaricato asociación criminal, y enriquecimiento ilícito en el caso AMUCLIN📻

Diana Vargas: «Un detalle que incorporamos a esta denuncia, es que la Corte informó a la comisión que el… pic.twitter.com/zhuaKhL7U3

— El Observador (@observapy) September 10, 2026

Molinas Saldívar, cónyuge de Aranda, aparece como oficial de justicia encargado de diligenciar embargos y también como cesionario y demandante. Además, actualmente representa a Aranda en la causa penal iniciada tras la denuncia de la enfermera Luciana Bernabeth Torres. La documentación bancaria incorporada también menciona a la expresidenta de AMUCLIN.

Investigan posible reutilización de pagarés cancelados

La Comisión busca determinar si pagarés correspondientes a obligaciones ya canceladas fueron utilizados nuevamente para iniciar ejecuciones judiciales. Según la denuncia, existen casos donde títulos supuestamente extinguidos reaparecieron como base de nuevos procedimientos. Una resolución judicial incorporada como antecedente también hace referencia a pagarés utilizados después de una cesión de créditos a Acosta Rojas.

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Los senadores solicitaron además investigar la evolución patrimonial de Acosta Rojas. Sus declaraciones juradas consignan G. 196.850.000 en 2024 y G. 462.500.000 en 2025. Para 2026 declaró G. 444.000.000. Registros judiciales también muestran depósitos por aproximadamente G. 168 millones a su favor. La Comisión aclaró que estos elementos no prueban enriquecimiento ilícito y pidió al Ministerio Público determinar el origen de los fondos y las eventuales responsabilidades.

Fuente: ABC Color