Advierten graves riesgos en reforma del Estatuto Agrario

La agrupación civil ME SUMO-Diálogo Ciudadano emitió una alerta pública en rechazo a los proyectos de reforma del Estatuto Agrario y de modificación de la carta orgánica del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno paraguayo.

A través de un comunicado, la organización llamó a sindicatos y movimientos sociales a unir fuerzas para frenar lo que considera un inminente proceso de despojo territorial. Según advierte, la tierra constituye un recurso natural invaluable e insustituible y no debería quedar expuesta a políticas que favorezcan su concentración o privatización.

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Los activistas sostienen que las reformas apuntan a privatizar el patrimonio estatal y podrían convertir al INDERT en una suerte de inmobiliaria pública. A su criterio, esto profundizaría la ya marcada concentración de tierras en Paraguay. El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias y Base IS también expresaron preocupación por el contenido de los proyectos.

Las propuestas serán analizadas próximamente por la Cámara de Senadores. Para las organizaciones, uno de los sectores más afectados sería el de la agricultura familiar campesina.

Peligros de la reforma del Estatuto Agrario

ME SUMO sostiene que los proyectos no están orientados a garantizar un desarrollo rural integral, sino que podrían favorecer la extranjerización de las tierras, la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de comunidades campesinas.

El comunicado advierte que, de aprobarse las modificaciones, el patrimonio público rural quedaría más expuesto a procesos de privatización y se debilitaría la función social de la tierra.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la posibilidad de que el Estado venda tierras de manera discrecional a personas que no sean beneficiarias directas de la reforma agraria. Según la organización, el presidente del INDERT tendría mayores facultades para concretar estas operaciones sin la intervención de la Junta Asesora de la institución.

La Comisión de Reforma Agraria del Senado emitió un dictamen contrario a este punto. Sin embargo, la propuesta aún podría ser aprobada por el pleno de la Cámara Alta mediante mayoría simple.

El pronunciamiento también establece una comparación con prácticas vigentes durante la dictadura stronista, cuando la legislación permitía adjudicar o vender tierras públicas a personas que no reunían las condiciones previstas para ser beneficiarias. Las organizaciones temen que las nuevas reformas impliquen un retroceso hacia ese tipo de políticas.

Otro de los cuestionamientos apunta a la propuesta de establecer nuevos precios para las tierras del Chaco mediante una combinación entre el valor fiscal y el precio de mercado. Según los sectores críticos, esta modificación dificultaría considerablemente el acceso de pequeños productores a la tierra.

Exclusión en la reforma del Estatuto Agrario

El comunicado cuestiona además el requisito de no contar con antecedentes judiciales para acceder a tierras adjudicadas por el Estado. Para las organizaciones, esta condición podría excluir a numerosos dirigentes y referentes sociales que enfrentan procesos judiciales vinculados a ocupaciones o reclamos por tierras.

ME SUMO considera que esta exigencia podría convertirse en un mecanismo de exclusión política contra personas que históricamente participaron de luchas sociales en el ámbito rural.

La propuesta gubernamental también contempla cambios en la Unidad Básica de la Economía Familiar. De acuerdo con los sectores opositores a la reforma, estas modificaciones podrían ampliar el espacio destinado a actividades como la ganadería extensiva y reducir las posibilidades de permanencia de comunidades dedicadas a la agricultura familiar.

Las organizaciones advierten que este proceso podría desplazar formas tradicionales de producción campesina y favorecer una mayor presencia de grandes emprendimientos agropecuarios.

Ante estos cuestionamientos, ME SUMO pidió al Congreso detener el tratamiento de los proyectos y reiteró su llamado a la unidad de las organizaciones sociales y sindicales.

La agrupación comparó esta discusión con otros procesos de privatización de recursos estratégicos y advirtió que la defensa del territorio requiere una participación activa de la ciudadanía.

Fuente: Me Sumo Dialogo Ciudadano