El sistema de tobilleras electrónicas en el país, implementado como alternativa a la prisión preventiva, se encuentra actualmente sin beneficiarios. Hernán Escobar, director general del sistema 911 de la Policía Nacional, confirmó que a pesar de contar con la infraestructura necesaria y el personal capacitado, ninguna persona cumple arresto domiciliario bajo este mecanismo de control. Esta situación limita el funcionamiento del centro de monitoreo, cuyos empleados se dedican exclusivamente a capacitaciones mientras esperan la autorización de casos.
La implementación de las tobilleras electrónicas surgió como respuesta al hacinamiento en el sistema penitenciario paraguayo, donde numerosos imputados permanecen en prisión preventiva sin sentencias firmes. El programa estableció que los costos de operación serían asumidos por cada beneficiario y no por el Estado, condición que podría influir en el bajo número de solicitudes. La empresa privada contratada para el servicio solo comenzará a recibir pagos cuando se active la primera tobillera, lo que mantiene el proyecto sin generar gastos públicos.
Desde la aprobación del sistema, solo cuatro personas han solicitado acogerse a esta medida alternativa. El primer caso, beneficiado a principios de enero, perdió la concesión días después por cometer otro hecho punible. Esta situación provocó que la Corte Suprema de Justicia emitiera una acordada que restringe significativamente el alcance del programa, limitándolo exclusivamente a casos de violencia familiar bajo jurisdicción de jueces de Garantías de Asunción.
Las tres solicitudes posteriores también encontraron obstáculos para su implementación. Un caso fue rechazado por encontrarse fuera de la circunscripción capitalina, mientras que los otros dos no cumplían requisitos técnicos fundamentales: sus domicilios carecían de conexiones eléctricas regulares, necesarias para mantener las tobilleras cargadas. Esta serie de rechazos evidencia las dificultades prácticas que enfrenta el programa para su efectiva aplicación.
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Las instituciones que conforman el Sistema de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control han solicitado a la Corte Suprema la ampliación del programa. La petición busca extender su cobertura a todas las circunscripciones del departamento Central y aplicar la medida a todos los delitos contemplados en la Ley 7.270. Esta solicitud fue presentada hace dos semanas y, según Escobar, la Corte ha manifestado que trabaja en una nueva acordada para responder a este pedido.
Un aspecto crucial del sistema es que las tobilleras no pueden implementarse de oficio. Escobar enfatizó que su aplicación requiere una solicitud formal por parte de la defensa de los procesados, lo que podría explicar parcialmente la escasa utilización del programa. Esta condición, sumada a las restricciones técnicas y jurisdiccionales, mantiene a las tobilleras electrónicas como una alternativa teórica sin aplicación práctica en el sistema penitenciario paraguayo.
Fuente: ABC Color
