El caso vuelve a poner sobre la mesa una situación grave y cada vez más preocupante: el posible uso de denuncias de violencia doméstica para sacar a personas de sus propias casas mediante medidas cautelares de exclusión del hogar.
En este expediente, intervinieron inicialmente los jueces de paz Gloria Machuca y Alejandro Manuel Delvalle, quienes otorgaron y confirmaron medidas restrictivas a favor de Asunción Elizabeth Galeano Oliveira, conocida públicamente como Beth Galeano. Luego, la jueza Lourdes Piñeiro ordenó la salida de la mujer del departamento y restituyó el inmueble al adulto mayor. La medida, que para sus denunciantes buscaba reparar una situación injusta, terminó derivando en un pedido de recusación contra la magistrada.
Según la denuncia, este caso no sería un hecho aislado. Formaría parte de una práctica en la que se presentan acusaciones sin sustento suficiente para obtener decisiones urgentes de la Justicia y desplazar a propietarios, muchas veces personas mayores, de las viviendas que les pertenecen.
La situación genera indignación porque expone un problema sensible: las herramientas creadas para proteger a víctimas reales de violencia no pueden ser utilizadas como atajo para apropiarse de una vivienda o sacar a alguien de su hogar.
Las medidas de protección en casos de violencia doméstica son necesarias y deben aplicarse con rapidez cuando hay riesgo. Pero también requieren controles firmes para evitar abusos, especialmente cuando afectan derechos básicos como el acceso a la vivienda y la permanencia de una persona en su propio hogar.
Ahora, con la recusación presentada contra la jueza Piñeiro, el caso deberá seguir su trámite judicial y volver con la jueza Gloria Machuca. Mientras tanto, queda planteada una pregunta de fondo: ¿quién protege a los adultos mayores cuando una denuncia sin pruebas suficientes puede dejarlos en la calle?
