Al parecer, las demandas laborales se convirtieron en un gran negocio, considerando los antecedentes que se tienen actualmente.
Lo último fue la sentencia que obliga a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a pagar USD 10 millones a un exempleado.
Al parecer por coincidencia o no, el abogado que patrocina al extrabajador de ente rector del fútbol regional es un hombre muy cercano a Oscar González Daher. Se trata del picapleitos Manuel González (más detalles en el video de abajo).
Los responsables de la Secretaría Nacional de Deportes, Víctor Pecci; de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison; y de la Conmebol, Alejandro Domínguez visitaron al Presidente de la República Horacio Cartes a pedir seguridad jurídica.
Coincidentemente, son allegados a Cartes quienes al parecer están vinculados al lucro con las demandas laborales.
Más detalles en el video.
El proceso
El beneficiado con la sentencia es el exfuncionario del ente rector del fútbol, Ismael Antonio Pintos.
La abogada de la Conmebol, Montserrat Giménez, detalló irregularidades de la causa, como que Pintos, el demandante, no residía en Paraguay, no era periodista y su vinculación con la Conmebol solo era por un programa de TV que hacía y se emitía en la Argentina una vez al mes.
El hombre consiguió el contrato por los contactos que tenía, entre ellos con Nicolás Leoz, dijo la letrada, según ABC Color.
El caso que ya estaba prescrito fue resucitado por un tribunal, hecho considerado como irregular.
“El abogado es Manuel González, ustedes podrían sacar sus conclusiones”, soltó la abogada.
Más detalles en el video.
Otro bochorno
A mediados de 2017 el empresario Christian Chena fue condenado a pagar G. 2.000 millones a la esposa de Darío Filártiga, Gisele Mosques.
Filártiga es uno de los asesores de Horacio Cartes y frecuentemente se lo ve muy cerca del mandatario.
Por mencionar solo una cuestión del caso Mousques, se puede indicar que la demanda fue entablada luego de abandonar por ocho años su lugar de trabajo, en el canal 13.
Mousques había pedido permiso bajo otra administración. Cuando Chena adquirió el medio, la mujer supuestamente se presentó a su lugar de trabajo, pero ni siquiera se dejó una constancia de esto.
Luego de años de litigio, la Corte Suprema de Justicia fue la que determinó el pago.
Lo último que se supo al respecto consiste en que la mujer no retira el dinero, que está depositado en una cuenta, porque no quiere pagar su porcentaje al Instituto de Previsión Social (IPS).
Más detalles abajo:
