El Defensor del Pueblo indicó, en comunicación con radio Ñandutí, que es muy difícil que se haga un juicio por daño y perjuicio para pedir resarcimiento económico porque será largo y tedioso.
“Tardará unos cuatro a cinco años. En este caso es una utopía”, aseveró.
Godoy remarcó que, solicitar un resarcimiento económico es muy difícil ya que el nivel económico del afectado no ayuda para iniciar un proceso.
El titular de la defensoría dio como ejemplo el caso de una mujer que guarda prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú.
Acotó que la ley prohibe la cárcel para mujeres embarazadas.
El caso
Julio César Franco Morel, fue condenado a 13 años de cárcel, hace 10 años por un caso de homonimia.
En Identificaciones se constató que los datos del prontuario no coinciden con el número de cédula de la persona privada de su libertad. Además, las huellas dactilares no concuerdan con la persona que verdaderamente fue condenada.
El afectado solicitó su libertad y sostuvo que no cuenta con recursos para emprender una demanda contra la Justicia que lo llevó a prisión durante 10 años.
