Titular de Petropar es denunciada por lesión de confianza
El representante legal explicó que tiene informes concretos sobre supuestos hechos irregulares que implican a Samudio.
Los hechos se dieron durante su gestión anterior en la petrolera estatal.
“Entre ellos, la venta irregular a un competidor, que causó a la petrolera y a los operadores un daño patrimonial importante. Si la petrolera no vendía a la competencia, podía dejar beneficios importantes a sus operadores”, refirió Villamayor.
Detalló que lo más importante del caso es la lesión de confianza, además de una acción que causó un daño patrimonial a la empresa, de acuerdo a los reportes de Última Hora.
Luis Villamayor, asesor jurídico de los operadores de estaciones de servicio de PETROPAR, denunció a la titular de la petrolera estatal, Patricia Samudio, por lesión de confianza y tráfico de influencia >> https://t.co/KdKBi7tSjz #TelefuturoPy pic.twitter.com/feIhufsvq2
— Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) October 17, 2018
El dato
En Patropar se detectaron presuntas irregularidades, registradas durante el Gobierno de Horacio Cartes, además la estatal está salpicada por algunos hechos en los pocos meses de administración de Mario Abdo Benítez.
Así también, Patricia Samudio, apenas tomó el cargo, denunció un desfalco de G. 3 mil millones, cometido durante, supuestamente, durante la gestión de de Eddie Jara.
Reveló que la petrolera proveyó Ñande Gas de manera gratuita, desde febrero de este año, a favor de una empresa privada, de la cual no reveló el nombre.
En tanto la administración actual no está exenta de denuncias, ya que Samudio, benefició a empresas amigas al dar información privilegiada a Monte Alegre SA, propiedad de la familia de Conrado Hoeckle, asesor de Abdo Benítez.
En relación al tema, la empresa retiró 7,5 millones litros de combustible de la planta de Petropar, a un precio fijado en G. 4.363, dos días antes del anuncio oficial de la suba de sus combustibles.
Además se menciona a otro hecho, referente a un movimiento de USD 43 millones a bancos privados, fondos que estaban depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), como lo establece un decreto del Poder Ejecutivo, que también involucra a la actual titular.
Según establece la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación, los entes del Estado están obligados a depositar sus recursos en el BNF.
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