Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que el gobierno se está ocupando seriamente del caso Arrom y Martí y que “no va a permitir de ninguna manera que se cometa una injusticia contra siete millones de paraguayos”, porque será finalmente el dinero de la gente el que se utilizará para resarcir a los citados prófugos, acusados por la justicia paraguaya de ser los autores del secuestro el 16 de noviembre del 2001 de María Edith Bordón.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), un organismo de la OEA y con sede en San José de Costa Rica, está a punto de condenar al Estado paraguayo a resarcir USD 63 millones a Arrom y Martí por presunta desaparición forzada y tortura de los mismos en el 2002.
El Paraguay no se quedará de brazos cruzados frente a criminales secuestradores y prófugos de la justicia que pretenden apropiarse del dinero de todos los paraguayos, con el manifiesto parcialismo de ciertos organismos internacionales. La Patria se DEFIENDE!!! pic.twitter.com/tEfzu1VRMl
— Luis A. Castiglioni (@LuisCastiglioni) 30 de diciembre de 2018
Ambos se fugaron al Brasil en el 2003, cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith y en ese país consiguieron refugio político.
Castiglioni detalló que el Gobierno integró una comisión interinstitucional, la misma está conformada por la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y otras entidades estatales.
Enfatizó que la Corte IDH rechazó a la mayoría de los testigos propuestos y solo aceptó al exfiscal general Óscar Germán Latorre. Aseguró que con las declaraciones de quienes fueron reprobados se iba a demostrar la falacia que están argumentando los representantes de los “delincuentes Arrom y Martí”, informó ABC Color.
A finales del mes de octubre, el mismo Castiglioni anunció que a pedido de Mario Abdo Benítez se comenzaría con el proceso de pedido de extradición de los prófugos.
