Economía subterránea llega a USD 21.295 millones, según estudio

Los datos de la economía informal durante el año 2020 presentan el 46,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según dio a conocer la organización PRO Desarrollo en conferencia de prensa.

Esta cifra tiene como factores explicativos, la pérdida de ingresos formales e informales debido a las restricciones implementadas para contener la pandemia del Covid-19.

Así como también el limitado acceso a la seguridad social, mayores gastos de bolsillo para los hogares, baja capacidad de innovación y dificultades de acceso al financiamiento que limitaron actividades productivas de las empresas.

“La elevada tasa de informalidad que presenta Paraguay en comparación a la región, así como el menor nivel de industrialización, limitan su desarrollo económico y social”, expresó Sebastián Acha, Director Ejecutivo de PRO Desarrollo.

Atendiendo esta situación, se estima que la economía subterránea para el 2021, disminuirá levemente al 45,7%, con respecto al 2020. Este cálculo se realizó con base a los datos preliminares oficiales cerrados al primer semestre del año.

Cabe aclarar que la economía subterránea comprende actividades como el comercio de mercancías robadas, tráfico de drogas, sueldos y salarios no declarados, descuentos a empleados, trabajos domésticos, entre otros.

Contrabando y evasión 

Por otro lado, PRO Desarrollo también presentó los resultados de una encuesta realizada a los principales gremios y asociaciones empresariales con respecto a un mal de larga data en el país, el contrabando.

Los encuestados coincidieron en los siguientes aspectos:

-La reducción de la participación de productos nacionales en el mercado interno es del 30% y el 80%.

-Unas 90.000 toneladas de azúcar ingresan de contrabando por año, lo que representa el 45% del mercado nacional

-Unos 15 millones de pares de calzados son vendidos localmente. La industria nacional apenas representa el 20% de dicha cifra.

“La presencia de informalidad genera distorsiones económicas debido al incumplimiento de las normas legales y el aumento de la inestabilidad de empresas y trabajadores afectados. Se necesitan acciones concretas no solamente del Estado sino de la sociedad en general para erradicar el contrabando, ya que el impacto negativo es para todos”, sostuvo Acha.

Desde la organización se asume el compromiso de ser factor de cambio que contribuya, no solo a través del ejemplo, si no con acciones concretas que ayuden a formalizar a las Mipymes dedicadas a actividades legales, que operan de manera informal debido a los costos transaccionales elevados del proceso de formalización y a la falta de acompañamiento técnico y financiero efectivo.