La Fiscalía de Paraguay se encuentra en medio de una compleja investigación en torno a los títulos cuestionables de dos prominentes legisladores del país, el senador Hernán Rivas y el diputado Orlando Arévalo. Sin embargo, el proceso está siendo ralentizado por lo que la fiscala Patricia Sánchez llama un “vacío legal”.
Las universidades Sudamericana y Leonardo Da Vinci, donde estudiaron Rivas y Arévalo respectivamente, ya respondieron a la Fiscalía entregando todos los documentos requeridos. Sánchez, quien lidera la investigación, asegura que se encuentra analizando dichas documentaciones y que cuenta con un importante cúmulo documental.
No obstante, Sánchez advirtió que la investigación llevará su tiempo debido a la presencia de un “vacío legal” que aún debe determinar la configuración del hecho, que no se descarta pueda tratarse de producción y hasta uso de documentos falsos o de contenido falso.
“Hay mucho vacío legal y eso dificulta la actividad porque tenemos que seguir el principio de legalidad en lo penal. Hay una fina línea delgada que divide la parte administrativa con un hecho penalmente relevante y también hay que ver la configuración de lo que estamos investigando. Yo no me quiero apresurar ni adelantar”, afirmó Sánchez.
La denuncia penal existente cuestiona la idoneidad de los legisladores, pero no presenta los datos con respecto a la fecha, lugar y modo en que habría ocurrido el hecho. La fiscala Sánchez señaló que deberá construir este escenario con base en la documentación recién recibida.
A pesar de que la denuncia penal fue presentada en 2020, Sánchez indicó que la causa que lleva adelante se abrió hace aproximadamente un mes, tiempo desde el cual comenzó a exigir las documentaciones.
Las universidades fueron intimadas a entregar los informes en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, pidieron una prórroga, y la Fiscalía concedió tres días más, incluyendo un nuevo ítem relacionado con la lista de la promoción del año en que supuestamente egresaron los dos legisladores.
Ambas universidades cumplimentaron todos los requerimientos. No obstante, Sánchez señaló que la Universidad Da Vinci proporcionó una lista completa de los exámenes con los profesores durante los cinco años que cursó el diputado Arévalo, mientras que la Universidad Sudamericana solo presentó certificados de estudios y títulos.
La fiscala Patricia Sánchez, quien lidera la investigación, afirmó que el MEC entregó el legajo del expediente que se utilizó para emitir la resolución ministerial que ordenó los registros de ambos legisladores.
“El Ministerio de Educación ayer me contestó dentro del plazo, me envió el legajo del expediente que se formó para sacar la resolución ministerial que ordenó dichos registros. También pedí que me expliquen qué efectos tiene en el título el registro, porque el registrar en algunos actos jurídicos tiene ciertos efectos y me contestaron”, afirmó Sánchez.
El caso de Hernán Rivas, actual senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se basa en sospechas sobre la validez de su título de abogado. Según la denuncia, la Universidad Sudamericana entregó el título a Rivas el 6 de marzo de 2020, pero la resolución por la cual se expidió el título a Rivas, la N° 30858, data del 9 de junio de ese 2020.
En medio de la investigación de Rivas, también se filtró el certificado de estudios de la carrera de Derecho del diputado Orlando Arévalo, de la Universidad Leonardo Da Vinci. El legislador ostenta un promedio general casi perfecto. Uno de los exámenes lo rindió en un feriado nacional, el mismo día en que Horacio Cartes asumía como presidente de la República.
Sánchez indicó que está preparando su cúmulo documental para esclarecer las dudas con cada documentación. “Esta es una causa meramente documental, me pareció mejor hacerlo así y luego hacer las interrogantes a cada director o autoridades de la institución educativa”, finalizó.
Fuente: Última Hora.
