Durante un recorrido policial en el microcentro de Asunción, la Comisaría Tercera de Asunción detuvo a 20 trabajadores informales como parte de un control preventivo y verificación. La Policía Nacional argumentó que la detención se debió a la falta de documentos de identidad y que se realizó para verificar sus antecedentes penales. Este incidente ha generado un debate sobre la legalidad y efectividad de tales procedimientos, con la opinión de un abogado y una experta en derechos humanos.
El objetivo declarado de este control policial era reforzar la seguridad en la zona y prevenir la comisión de delitos. Durante el operativo, se descubrió que uno de los cuidacoches tenía una orden de captura pendiente por violencia intrafamiliar, y otro limpiavidrios tenía una orden de detención por robo agravado.
La Policía Nacional ha negado que este fuera un procedimiento arbitrario y ha sostenido que recibieron solicitudes de comisiones vecinales, comerciantes y turistas para aumentar la presencia policial y mejorar la seguridad en el centro de la capital.
El comisario José Martínez, jefe de la Tercera Comisaría, afirmó que se llevaron a cabo varios pasos para garantizar la legalidad del procedimiento. Hubo testigos presentes, se elaboró un acta y se informó a la Fiscalía antes de llevar a cabo las detenciones. Además, el comisario señaló que no existe una ley que obligue a los ciudadanos a llevar consigo su documento de identidad en todo momento.
El comandante de la Policía Nacional, Crio. Carlos Benítez, respaldó el procedimiento y explicó que los efectivos están facultados para realizar este tipo de controles en las calles utilizando la acción preventiva. En el caso de las personas detenidas, se argumentó que no tenían sus documentos de identidad en el momento del control y que, por lo tanto, no se podía verificar si tenían antecedentes penales. Para confirmar su identidad, se procedió a la detención temporal y se utilizó el Sistema de Identificación Automática por Huellas Dactilares (AFIS) para verificar sus identidades, ya que algunos detenidos no recordaban sus números de cédula.
Este tipo de operativos se realiza con el propósito de prevenir la circulación de personas que puedan tener la intención de cometer delitos, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la inseguridad en la jurisdicción de la Tercera Comisaría.
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Sin embargo, este episodio ha suscitado un debate sobre la legalidad y efectividad de tales procedimientos. El abogado José Casañas Levi explicó que, para que estos controles sean legales, deben cumplirse ciertos requisitos, como la presencia de testigos, la elaboración de actas y la notificación a la Fiscalía. Por su parte, la experta en derechos humanos Diana Vargas expresó su preocupación en las redes sociales, advirtiendo que permitir que la Policía viole derechos y garantías en nombre de la “mayor seguridad” podría ser peligroso. También destacó que, mientras tanto, el crimen organizado puede operar con éxito y que la Fiscalía no parece tomar medidas en respuesta a las detenciones que considera arbitrarias.
Fuente: ABC Color.
