Un reciente informe emitido por la Dirección de Estadística del Poder Judicial ha revelado una preocupante realidad: 872 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) por incumplir con la asistencia alimentaria a sus hijos. De este total, 851 son varones y 21 son mujeres, lo que evidencia una problemática que afecta directamente a la niñez y adolescencia del país.
El incumplimiento del deber legal alimentario se ha convertido en uno de los hechos punibles más frecuentes, dejando a numerosos niños, niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad al no recibir el apoyo económico necesario por parte de sus progenitores. A pesar de los esfuerzos del Estado por buscar alternativas para hacer efectivo el cumplimiento de este derecho fundamental, la tarea se torna cada vez más difícil debido a la falta de compromiso de los deudores, quienes priorizan otras obligaciones por encima de las necesidades de sus hijos.
Estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos conlleva una serie de consecuencias administrativas, como la imposibilidad de obtener el registro de conducir, realizar transferencias de inmuebles o vehículos, entre otras restricciones. Estas medidas buscan presionar a los padres morosos para que cumplan con sus obligaciones y garanticen el bienestar de sus hijos.
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Es importante destacar que desde enero hasta mayo de 2024 se han expedido 226.166 certificados de Redam, los cuales pueden ser requeridos de manera fácil y gratuita a través de la página web del Poder Judicial. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y solo requiere los datos de la Cédula de Identidad paraguaya. En el caso de usuarios extranjeros con números de cédula especiales, deben acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales ubicadas en todas las sedes judiciales del país.
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La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, ha sido la encargada de presentar este informe estadístico que pone de manifiesto la magnitud del problema. Los datos revelan la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas y los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de la asistencia alimentaria y proteger los derechos de la niñez y adolescencia.
Fuente: Judiciales.net