Con la intención de destrabar las protestas de cañicultores y evitar un tractorazo hacia Asunción, el Gobierno Nacional presentó ayer una propuesta para construir un nuevo tren de molienda en la planta de Mauricio José Troche, Guairá. La iniciativa surge tras el reconocimiento de que la obra anterior, financiada con fondos públicos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, resultó inviable.
El presidente de la República, Santiago Peña, junto al vicepresidente Pedro Alliana, se reunieron con productores de caña de azúcar y autoridades de Petropar para plantear una nueva hoja de ruta. Según confirmaron, la construcción anterior —que demandó cerca de USD 28 millones— presentó fallas técnicas, ambientales y de gestión que la hacen inoperativa.
El presidente Santiago Peña recibió a representantes del sector cañicultor para atender sus preocupaciones y como Gobierno del Paraguay, se planteó presentar un calendario de trabajo conjunto para la puesta en marcha de un nuevo tren de molienda, que sea viable y posible. (1/2) pic.twitter.com/MKOHoLKt5p
— Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) May 7, 2025
Eddie Jara, presidente de Petropar, aseguró que hubo empatía con el reclamo de los productores. “Fue un proyecto mal ejecutado y con serios problemas desde su concepción. La capacidad de molienda no fue la esperada y se obviaron impactos ambientales claves”, declaró. El informe técnico sobre la fallida planta ya fue enviado al Ministerio Público por presuntas irregularidades.
Durante la reunión se acordó que en un plazo de 30 días el Ejecutivo presentará un nuevo plan para levantar un tren de molienda funcional, con capacidad de procesar entre 600 y 800 toneladas por zafra, en reemplazo de la actual que apenas llega a 400.
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El presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, valoró el gesto del Gobierno pero recordó que la decisión final será de la base productiva. “Nos parece positiva la propuesta, pero vamos a consultar en asamblea con los cañicultores movilizados hace más de 10 días”, adelantó.
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En paralelo, agradeció el respaldo de los municipios que declararon asueto por la causa y destacó que más de 50.000 familias podrían beneficiarse si el proyecto realmente se concreta.
Sobre la obra cuestionada, se confirmó que la empresa adjudicada inicialmente fue Estructura Ingeniería S.A. (EISA), que recibió un adelanto superior a los G. 39.000 millones. Sin embargo, tras los problemas, la firma Ocho A —vinculada a Luis Pettengill— asumió como subcontratista. Ambas empresas han sido señaladas en otras ocasiones por proyectos públicos fallidos.
Fuente: ÚH
