La audiencia preliminar en el proceso penal que involucra a Reinaldo Cabaña, alias Cucho, al exdiputado colorado Ulises Quintana y a más de veinte acusados, fue nuevamente suspendida. El juez Miguel Palacios tomó la decisión luego de que las defensas de Marcelo Cabaña y Flora Ayala plantearan la existencia de un recurso aún pendiente en segunda instancia contra la convocatoria anterior.
Aunque el magistrado declaró inoficioso el planteamiento, resolvió elevar el recurso a la Cámara de Apelación, postergando así una vez más el desarrollo de la audiencia que debía realizarse en esta jornada. La causa, iniciada en 2018 y formalmente acusada en 2022, continúa sin resolución de su etapa preliminar.
Las defensas alegaron que no se podían llevar adelante los actos preliminares mientras no se resuelva la reposición interpuesta contra la convocatoria anterior. Esta estrategia procesal permitió dilatar nuevamente el inicio de la fase que debe decidir si los acusados irán o no a juicio oral.
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En el centro de la investigación está la acusación por asociación criminal, tráfico de drogas y otros delitos. Según el Ministerio Público, la estructura liderada por Cucho Cabaña habría introducido cargamentos de cocaína desde Perú y Bolivia, utilizando el departamento de Alto Paraná como centro de distribución hacia el Brasil.
Acusaciones fiscales y modus operandi
La Fiscalía sostiene que el esquema delictivo operaba mediante una red de colaboradores encargados de la logística de recepción, acopio y envío de estupefacientes. En el caso de Ulises Quintana, se lo vincula por presuntos actos de facilitación y protección de actividades ilícitas mientras ejercía su función legislativa.
El expediente describe una estructura compleja, donde también se investigan operaciones de lavado de dinero y otros delitos conexos que afectan la administración pública y la seguridad regional.
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Desde su formalización, la causa ha estado caracterizada por múltiples suspensiones y recursos, lo que ha impedido la apertura del juicio. La falta de definición genera preocupación en el ámbito judicial y en sectores sociales, debido al impacto que estos casos tienen en la lucha contra el narcotráfico en Paraguay.
Organismos de control y actores de la sociedad civil han advertido sobre los riesgos de la impunidad en procesos que involucran a estructuras criminales con ramificaciones políticas y económicas.
Fuente: El Nacional
