Un grupo de ciudadanos presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por presuntos hechos de nepotismo y tráfico de influencias. El escrito, patrocinado por el abogado Samir Sánchez, representa la denuncia número 43 contra el jefe comunal y solicita la apertura de una investigación formal.
Según la presentación, Prieto habría designado a familiares directos en la administración municipal, infringiendo la Ley N° 5295/2014 y su modificación por la Ley N° 7302/2024, que prohíbe la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la función pública.
La denuncia identifica a varios familiares del intendente ocupando cargos públicos. Entre ellos figuran Martín Vallejos Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena y Meribeb Alonzo Vallejos, herreros en Obras Municipales; y Sergio David Prieto Figueredo, fiscal en Obras Particulares.
Los denunciantes afirmaron haber documentado una estructura que involucra a parientes del intendente y de otros funcionarios municipales, quienes perciben remuneraciones del presupuesto público sin justificar de manera transparente sus funciones asignadas.
En la denuncia, se pidió a la Fiscalía que solicite a la Municipalidad de Ciudad del Este las resoluciones de contratación, registros de pagos y descripciones de funciones desempeñadas entre 2023 y 2025. También se instó a los fiscales a evaluar posibles nuevas figuras penales que pudieran surgir durante el proceso de investigación.
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Como respaldo, los denunciantes adjuntaron listados de funcionarios, copias de documentos extraídos del portal institucional y un dispositivo de almacenamiento con información adicional, dejando abierta la posibilidad de ampliar la denuncia conforme avancen las diligencias.
Procesos judiciales en curso contra Prieto
Miguel Prieto ya enfrenta dos causas penales en etapa intermedia, relacionadas con acusaciones de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Estos procesos derivan de presuntas irregularidades en compras realizadas durante la pandemia y licitaciones amañadas.
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Uno de los casos más relevantes se refiere a la compra de 25.000 kits de alimentos, con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado de más de 1.769 millones de guaraníes. Otra acusación involucra un perjuicio de 306 millones de guaraníes, también asociado a contrataciones públicas presuntamente irregulares.
Fuente: Última Hora
