Un grupo de víctimas de la mafia de los pagarés se manifiesta frente al Palacio de Justicia con el objetivo de presentar una nota formal y concretar una reunión con alguno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los afectados denuncian que continúan los descuentos compulsivos que llegan hasta el 95 por ciento de sus salarios mensuales, situación que mantiene a miles de familias en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social.
Los manifestantes, que llegaron desde diferentes puntos del país hasta la capital, denuncian la persistencia de descuentos indiscriminados cada mes, acompañados de amenazas constantes por parte de los responsables de esta red delictiva. Gabriela Sanabria, representante de las víctimas, explicó que el grupo de afectados es considerable, alcanzando aproximadamente 500 personas directamente involucradas, entre las que se encuentran agentes de justicia, docentes, enfermeros y otros funcionarios públicos de diversas instituciones del Estado.
MAFIA DE LOS PAGARÉS |
➡️Pedro Coronel, vocero del grupo de víctimas de la mafia de los pagarés mencionó que buscan principalmente el cese inmediato de los embargos, en atención a que en su mayoría fueron decretados sin notificaciones y en algunos casos con firmas falsificadas.… pic.twitter.com/QJjyxMjy2v
— Radio 780 AM (@780AM) June 12, 2025
La representante precisó que son cerca de 3.500 familias las que se encuentran afectadas por esta situación, donde los trabajadores reciben únicamente “migajas” de sus salarios después de los descuentos, recursos insuficientes para mantener a sus familias. En los casos más extremos, algunos compañeros tienen descuentos que alcanzan hasta el 95 por ciento de su salario mensual, dejándolos prácticamente sin ingresos para cubrir sus necesidades básicas y las de sus dependientes.
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Los descuentos compulsivos continúan sin tener en cuenta el porcentaje máximo que se puede descontar por ley, vulnerando las normativas laborales establecidas para proteger a los trabajadores. Sanabria manifestó que algunos compañeros reciben su extracto salarial con apenas 2.000 guaraníes, cantidad irrisoria que evidencia la gravedad de la situación y la total impunidad con que operan los responsables de estas prácticas ilegales.
Entre los casos más graves documentados por las víctimas, existe gente a la que se le está descontando hasta seis veces por la misma deuda, situación que demuestra la total falta de control y supervisión en estos procesos. La representante señaló que esta problemática surge dentro del entorno de la propia justicia, razón por la cual no se busca una solución definitiva, generando un círculo vicioso donde los afectados no encuentran protección en las instituciones que deberían resguardar sus derechos.
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La falta de respaldo legal ha dificultado la defensa de las víctimas, ya que muchos abogados se negaban a representarlos o pedían sumas elevadas por sus servicios, conociendo la complejidad y los riesgos del caso. El pedido específico de las víctimas es que se respete lo que dispone la ley y que se terminen los embargos mientras se lleva a cabo la investigación.
Fuente: ABC Color
