Denuncian a ministro de Agricultura por desvío de fondos
El abogado Miguel Godoy presentó una denuncia contra el ministro de Agricultura Carlos Giménez por supuestos indicios de corrupción durante su gestión como gobernador de San Pedro entre 2018 y 2023, involucrando un presunto esquema para malversar fondos de pandemia por aproximadamente 6.000 millones de guaraníes.
La denuncia, presentada en representación de la ciudadana Blanca Franco, señala que entre 2020 y 2021 los acusados planificaron un esquema para desviar fondos de pandemia hacia otros fines. Según el documento, la mitad de las organizaciones sin fines de lucro que recibían sumas millonarias estaban integradas por funcionarios bajo la dirección de Giménez.
Además del ministro, la acusación por lesión de confianza y asociación criminal incluye a varios funcionarios de la Gobernación: Julia Mendoza Ocampos, Fernando Silveiro, Laura Grau Díaz de Bedoya, Evelio Villasanti y Charlis León. Estos funcionarios habrían participado en un mecanismo coordinado para obtener recursos públicos de manera irregular.
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El escrito presentado ante la Fiscalía indica que durante el período mencionado, la Gobernación destinó 11.837.938.738 guaraníes a diecinueve organizaciones sociales para supuestas obras que no se ejecutaron. Muchas de estas transferencias fueron sobrefacturadas, causando un perjuicio significativo al erario departamental.
La investigación reveló que más de la mitad de ese monto, alrededor de 6.000 millones de guaraníes, habría sido desviado de su destino original. Los fondos provenían de la Ley 6641 “De Apoyo Financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica”, implementada durante la pandemia por Covid-19.
Las asociaciones involucradas poseían personería jurídica y presentaban una fachada de humildes productores, asociaciones de salud o de desarrollo social. Sin embargo, en la mayoría de casos eran funcionarios públicos quienes ocupaban cargos directivos como presidentes, secretarios, contadores o tesoreros para administrar y posteriormente utilizar indebidamente estos recursos.
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Algunos empleados figuran en varias asociaciones simultáneamente, evidenciando la naturaleza sistemática del presunto esquema. Charlis León, funcionario de prensa, habría recibido 1.124 millones para su Asociación de Apoyo a Productores. Julia Mendoza, del Departamento de Acción Social, presidía la Asociación Departamental de Desarrollo Social donde se transfirieron 3.339 millones. Fernando Parini fungía como contador tanto en la Gobernación como en la Comisión de Vendedores Unidos que recibió 185 millones, mientras que Laura Grau, del gabinete gubernamental, era secretaria de una asociación agropecuaria beneficiada con 1.124 millones. Los denunciantes solicitaron al Ministerio Público investigar el destino de los fondos mediante fiscales especializados en delitos económicos, considerando que el caso habría sido previamente denunciado sin mayores avances.
Fuente: Última Hora
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