Interventor propone que empresas deudoras paguen contratando a funcionarios municipales

Una fuerte polémica se instaló en el ámbito público tras las declaraciones del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira. El economista planteó una inusual fórmula para reducir el gasto salarial: que las empresas con deudas a la comuna puedan saldarlas contratando a funcionarios municipales.

La propuesta fue expuesta durante una entrevista televisiva, donde Pereira señaló que su intención es racionalizar el gasto y encaminar una eventual reingeniería del plantel de personal, sin recurrir a despidos masivos. Aseguró que no se trata de una política inmediata, pero sí de una posibilidad que considera válida para aliviar la carga presupuestaria.

INTERVENTOR PROPONE UN «CANJE MUNICIPAL» |

➡️Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, habló de la gran cantidad de funcionarios que hay en la entidad y propuso que las empresas deudoras contraten de forma permanente a algunos funcionarios para así honrar sus… pic.twitter.com/9lDOy5v8wn

— Radio 780 AM (@780AM) July 11, 2025

De acuerdo con lo expresado por el interventor, las empresas privadas asumirían el costo de los salarios de algunos empleados municipales como forma de compensar sus pasivos con la municipalidad. Aunque la propuesta no forma parte del paquete central de la intervención, Pereira dijo que es una base para el debate sobre eficiencia en el aparato estatal.

Las reacciones no se hicieron esperar. Críticos del plan lo calificaron de improvisado, poco transparente y riesgoso. Advirtieron sobre el peligro de promover una “tercerización encubierta” del funcionariado público, sin criterios técnicos ni garantías de un proceso legalmente respaldado.

La Contraloría General de la República, que realiza una auditoría sobre la gestión de recursos humanos de la Municipalidad, había detectado irregularidades graves en contrataciones anteriores. El nuevo planteamiento es visto por diversos sectores como una salida que podría agravar el problema en lugar de resolverlo.

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Desde organizaciones civiles hasta referentes políticos cuestionaron la viabilidad de trasladar empleados públicos al sector privado sin un marco regulatorio definido. Además, temen que se utilice como una herramienta para premiar lealtades políticas o acomodar vínculos partidarios.

La intervención en la comuna capitalina busca corregir años de desorden administrativo. Sin embargo, iniciativas como la anunciada por Pereira reavivan los debates sobre la forma en que se manejan los recursos humanos y los compromisos financieros del municipio.

Fuente: El Nacional