Dos docentes presos por abuso de niñas en albergue estatal
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reveló que una adolescente fue víctima de abuso sexual por parte de un educador en un albergue dependiente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. El hecho ocurrió en febrero de 2024 y durante la investigación se detectó que otro docente también había abusado de más niñas en la misma institución.
La fiscal Viviana Duarte confirmó su intervención en la causa tras la denuncia realizada por una docente del albergue. La educadora detectó comportamiento sospechoso en la víctima al salir del baño y encontró oculto a Sergio Rivarola Vera, otro maestro que no tenía razón para estar en esos sanitarios.
Rivarola Vera, un indígena de la comunidad Ava Guaraní, estaba a cargo de la atención directa de los niños y niñas del albergue. Sus funciones incluían liderar actividades lúdicas y de refuerzo escolar, además de supervisar la alimentación y trámites de ingreso de los menores bajo protección estatal.
La investigación duró seis meses y reunió numerosos elementos probatorios que confirmaron que el docente abusó de la niña en reiteradas ocasiones hasta llegar a la violación. Informes periciales, médicos y psicológicos confirmaron todos los hechos denunciados por la víctima menor de edad.
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El ministro Walter Gutiérrez y el viceministro Víctor Escobar colaboraron para la aprehensión del acusado. Rivarola Vera enfrenta cargos por coacción sexual, violación y abuso sexual de niñas, delitos que conllevan penas de entre 3 y 20 años de prisión según el código penal paraguayo.
La adolescente víctima se encontraba en el albergue desde septiembre de 2023 tras una medida cautelar. Su propia abuela pidió al Juzgado que el Estado se hiciera cargo de la menor, quien creció en extrema pobreza y no tenía escolarización adecuada ni cuidado familiar apropiado.
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Durante la investigación surgió el nombre de otro posible abusador dentro del mismo albergue. Este segundo docente, también indígena, habría abusado de dos niñas más dentro del hogar de protección. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Viviana Riveros de la Unidad Penal N° 7.
El viceministro Escobar confirmó que montaron una emboscada para detener a ambos educadores, convocándolos a una oficina donde los esperaron con policías y agentes del Ministerio Público. Tras estos hechos, el ministerio elaboró protocolos de denuncia, guías de prevención y nuevos lineamientos para contratación de funcionarios, incluyendo estudios psicológicos y perfilación de cuidadores.
Fuente: ABC Color
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