Víctimas de dictadura exigen renuncia de Defensor del Pueblo

Representantes de víctimas de la dictadura stronista acampan frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en Asunción, exigiendo la destitución de su titular, Rafael Ávila Macke. Alegan que el funcionario ignora sus solicitudes de indemnización y permite que los expedientes prescriban por falta de resolución.

Los manifestantes denuncian que fueron esposados y detenidos por la Policía Nacional en días pasados tras colocar carteles en una movilización pacífica frente al ente. Posteriormente fueron liberados por no existir delito, pero señalaron que la orden de detención habría sido promovida por el defensor como medida de presión.

El grupo remitió notas a los presidentes del Senado y Diputados, Basilio Núñez y Raúl Latorre, respectivamente, así como a las comisiones de Derechos Humanos del Congreso. Solicitan intervención legislativa para exigir que se resuelvan los expedientes pendientes o, en su defecto, la destitución de Ávila Macke.

Entre los manifestantes se encuentran Cecilio Hayba, Vicenta Sánchez, Arnaldo Valdez, Nunila Villalba y Sixto Godoy. Algunos ya accedieron a las indemnizaciones previstas por ley y actualmente colaboran con otros beneficiarios para tramitar sus respectivos pedidos.

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La principal queja es que el defensor no recibe a los solicitantes ni firma las resoluciones necesarias para efectivizar los pagos. Además, acusan que varios documentos con resoluciones favorables pierden validez por falta de acción administrativa oportuna.

En respuesta, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado afirmando que desde septiembre de 2022 se procesaron más de 10.000 expedientes, varios paralizados desde hace años. Aseguran que el trámite es gratuito y no requiere gestores ni abogados.

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Desde el ente se exhorta a los ciudadanos a no pagar a intermediarios por promesas de agilización. Instan a denunciar cualquier intento de cobro por servicios que, aseguran, deben ser prestados sin costo alguno.

Finalmente, la institución afirma que trabaja en ordenar y acelerar los procesos de indemnización para las víctimas del autoritarismo, con el objetivo de garantizar una gestión transparente y evitar situaciones de revictimización.

Fuente: ABC Color