Familia de Jota denuncia omisión policial y privilegios judiciales

Los familiares de Juan Ramón Vera Franco, conocido como Jota, denunciaron supuesta omisión policial y complicidad judicial en el proceso por su homicidio. El cuerpo de la víctima fue hallado tras permanecer desaparecido durante 10 meses, en un caso que sacudió a la comunidad de Boquerón y que continúa generando cuestionamientos a las instituciones responsables.

De acuerdo con la denuncia presentada, la Policía Nacional no habría garantizado la custodia de Hugo González, hermano del intendente de Boquerón, y de Albino González, considerado el principal sospechoso del crimen. Este último, pese a estar detenido en Bolivia a la espera de extradición, habría sido visto en libertad en la vía pública.

Los familiares sostienen que la falta de control sobre los procesados no constituye un simple error administrativo, sino una violación de normas fundamentales, entre ellas la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el Código Procesal Penal. Afirman que la omisión en la vigilancia pone en riesgo el desarrollo del proceso judicial.

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El reclamo también recuerda el antecedente de Myriam González, imputada por obstrucción a la Justicia en el mismo caso. Según la denuncia, la mujer habría incumplido su prisión domiciliaria sin que existiera una intervención oportuna por parte de la Policía para hacer efectiva la medida judicial.

La acusación alcanza igualmente a la jueza Fanny Cáceres, a quien responsabilizan de otorgar privilegios indebidos a la familia González. Según los denunciantes, su actuación habría contribuido a generar un ambiente de impunidad, debilitando la confianza en la administración de justicia y en el respeto al Estado de derecho.

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La situación se enmarca en el proceso judicial abierto por el crimen de Jota. La audiencia preliminar de los acusados se llevó a cabo en el Juzgado de Neuland, donde la familia expresó nuevamente su temor de que el caso termine sin una sanción efectiva para los responsables.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, los familiares de la víctima manifestaron que no buscan venganza, sino justicia. Insistieron en que las instituciones deben garantizar la igualdad ante la ley y el cumplimiento estricto de las medidas judiciales.

Fuente: Última Hora