Extitular del INDERT irá a juicio por supuesta estafa
La jueza de garantías Clara Ruiz Díaz resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), acusado por tentativa de estafa en la venta irregular de un predio perteneciente al aeropuerto de Capitán Bado, Amambay.
La magistrada rechazó los planteamientos de prescripción de la causa, nulidad de la acusación y exclusión de pruebas presentados por la defensa. Con esta decisión, quedó firme la acusación impulsada por el Ministerio Público, que ya logró condenas en contra de otros involucrados en el mismo esquema.
De acuerdo con la imputación, Ortigoza habría adjudicado de manera irregular nueve hectáreas del terreno aeroportuario al ciudadano árabe Ali Hatem Barakat, quien habría pagado la suma de G. 5.119.323 por las tierras. Estas adjudicaciones fueron consideradas ilegales al tratarse de bienes destinados a infraestructura pública.
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El proceso judicial contra el exfuncionario se remonta a varios años. En noviembre de 2019, Ortigoza fue declarado en rebeldía y pasó a ser buscado por la justicia en el marco de diferentes causas vinculadas a presunta corrupción pública durante su gestión al frente del INDERT.
La acusación sostiene que la operación fue un intento de estafa contra el Estado paraguayo, al comprometer bienes que forman parte de la soberanía territorial y que tienen un destino específico en la aviación civil. Por ello, el caso fue considerado de alto impacto en materia de administración pública.
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La decisión de enviar la causa a juicio oral representa un avance en un proceso judicial que se vio retrasado por recursos presentados por la defensa. La jueza subrayó que existen pruebas suficientes para someter el caso a debate ante un tribunal de sentencia.
En este mismo expediente, varias personas ya recibieron condenas firmes, lo que refuerza la línea acusatoria del Ministerio Público. La fiscalía insiste en que la gestión de Ortigoza estuvo marcada por irregularidades en la adjudicación y venta de tierras del Estado.
Fuente: Megacadena
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