Impuesto inmobiliario: buscan exonerar a adultos mayores
Un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados con el fin de otorgar un beneficio adicional a los adultos mayores. La propuesta busca modificar el artículo 16 de la Ley Nº 7322/2024, que establece la pensión universal, incorporando la exoneración del impuesto inmobiliario a favor de quienes cuenten con un único inmueble destinado a vivienda.
La iniciativa plantea que este sector, considerado de alta vulnerabilidad económica, reciba un alivio en sus obligaciones fiscales. El objetivo central es reducir los gastos fijos que impactan de manera directa en la subsistencia de adultos mayores propietarios de viviendas modestas.
El texto del proyecto sostiene que la pensión universal representa un avance importante, pero no suficiente para garantizar mejores condiciones de vida. Se resalta que, sin medidas complementarias, los ingresos obtenidos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, especialmente cuando se deben afrontar pagos impositivos.
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En la exposición de motivos se indica que el impuesto inmobiliario, aunque constituye un ingreso legítimo para las municipalidades, puede convertirse en una carga desproporcionada. Se enfatiza que muchos adultos mayores sobreviven únicamente con la pensión universal, lo que vuelve difícil sostener el cumplimiento de esta obligación tributaria.
Los diputados proyectistas son Santiago Benítez, José Mino Adorno, María Ida Cattebeke, Saúl González y Jatar Fernández, todos pertenecientes a la bancada cartista, junto con el liberal Juan M. Acevedo. Con esta propuesta, los legisladores buscan introducir un beneficio social que se enmarque dentro de una política de inclusión.
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Respecto a la aplicación, el documento explica que la exoneración podría gestionarse de manera automática. Para ello, se prevé el cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y las municipalidades, con el fin de evitar trámites burocráticos y asegurar que los beneficiarios accedan al beneficio sin mayores gestiones.
De aprobarse, la medida significaría una reducción en la recaudación de los gobiernos locales, aunque sus impulsores sostienen que el impacto fiscal sería menor frente al alivio social generado. El debate legislativo deberá determinar el alcance y la viabilidad de la propuesta, que apunta a complementar la pensión universal con un beneficio fiscal directo.
Fuente: ABC Color
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