Millonario contrato policial salpicado por documentos falsos

Una licitación del Ministerio del Interior por más de G. 55.000 millones quedó suspendida tras la denuncia contra un consorcio que habría presentado documentos falsos para acceder a un contrato con la Policía Nacional. El proceso, que debía abastecer de alimentos a las comisarías del país, fue paralizado por irregularidades que involucran a funcionarios de alto rango.

El Consorcio Cárnico se adjudicó uno de los lotes más importantes por G. 18.858 millones. Sin embargo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectó facturas presuntamente falsificadas en su presentación. Esta maniobra habría permitido a la firma demostrar una capacidad económica inexistente y participar en el proceso, pese a no contar con antecedentes como oferente.

El consorcio figura con el RUC 80160573-3 y tiene como representantes legales a Ana Paula Silveira Fonseca, César Silva Da Fonseca, Fernando González Recalde y Leonardo Moisés Prieto Giménez. Está integrado por las firmas Kava Guaraní S.A. y Central Foods Comercial Industrial y de Servicios S.A., que conforman el Consorcio Cárnico. Ninguno de ellos registra antecedentes visibles en procesos anteriores de provisión estatal, lo que refuerza las sospechas sobre la autenticidad de los documentos presentados y la viabilidad administrativa de la adjudicación.

El contrato fue firmado el 7 de agosto, pero los recursos siguen sin ser desembolsados por las sospechas que rodean al consorcio. Las facturas falsas fueron detectadas tras un pedido de revisión promovido por otra empresa participante, lo que obligó a Contrataciones a suspender el proceso para verificar los documentos.

De acuerdo con fuentes policiales, el Consorcio Cárnico aparece por primera vez en una licitación pública. En los registros de Contrataciones Públicas, bajo la administración de Agustín Encina, no figura ningún antecedente previo. La falta de experiencia, sumada a los documentos irregulares, generó dudas sobre la transparencia del proceso.

El vínculo entre el consorcio y la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Policía Nacional también genera cuestionamientos. La directora de la UOC, Ignacia Brítez Moreno, sería cercana a los responsables de la empresa. Su esposo, Alberto Santiago Moreno Schribertschnik, ocupa actualmente la jefatura de la Montada, lo que refuerza las sospechas de favoritismo interno.

Fuentes internas sostienen que la falsificación fue conocida por la UOC antes de la adjudicación. Pese a ello, el proceso no fue detenido, y la empresa terminó recibiendo el contrato más elevado del llamado. La inacción administrativa permitió que el caso avance hasta alcanzar la etapa de firma, antes de ser frenado por la DNCP.

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El comandante de la Policía, Carlos Benítez, fue notificado sobre el caso y ordenó revisar el expediente. No se descarta la suspensión definitiva del contrato y el llamado a una nueva licitación. Mientras tanto, el suministro de alimentos como carne, arroz y aceite permanece paralizado, afectando a comisarías de todo el país.

Las demás empresas adjudicadas en el proceso son Beltrom SA, Comvence SA, Felicia Portillo Cabrera, Grimex SA, Mario Rubén Feris, Samal SRL, Tape Pyta SA, Trans Center SRL y Unpar SA. Sin embargo, ninguna de ellas enfrenta hasta ahora una revisión similar. El foco está puesto en el Consorcio Cárnico, cuya maniobra podría convertirse en uno de los casos más delicados de presunta falsificación dentro de las licitaciones del Estado.

Fuente:  La Política Online