Denuncian a congregación por falsificar firmas y apropiarse de terreno

El abogado Ignacio Ramón Peralta presentó una denuncia penal contra la congregación religiosa “Pueblo de Dios” por la presunta apropiación ilegal de un terreno de 20 hectáreas en el distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazú. El caso involucra la supuesta falsificación de firmas de los legítimos propietarios del inmueble.

Peralta representa al titular del certificado de adjudicación del terreno, identificado como Pablo Román. Según el abogado, su cliente descubrió la irregularidad cuando se trasladó hasta el lugar para tomar posesión del predio y comprobó que ya estaba ocupado por integrantes de la congregación.

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Ante esa situación, el afectado intentó llegar a un acuerdo con los ocupantes, ya que el terreno presentaba edificaciones y mejoras realizadas. Ofreció vender la propiedad, valuada en aproximadamente G. 1.400 millones, pero los representantes de la congregación respondieron que el terreno “ya se había vendido”.

Durante la revisión de los documentos, el abogado detectó inconsistencias en el contrato de cesión de acciones que figura en la Escribanía. Según explicó, la firma del propietario fue falsificada y no coincide con la registrada oficialmente. Además, la nacionalidad indicada para el hermano del propietario tampoco corresponde con la real, lo que refuerza la hipótesis de adulteración documental.

Peralta señaló que la denuncia fue presentada en 2022 y criticó la falta de avances en la causa. Afirmó que, pese a los pedidos reiterados, aún no se ha realizado la pericia caligráfica necesaria para confirmar la falsedad de las firmas. Dicha prueba, sostuvo, es clave para esclarecer el caso y definir responsabilidades.

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El abogado lamentó la lentitud del proceso judicial y recordó que ya se solicitaron tres urgimientos sin obtener respuesta. Insistió en la necesidad de que el Ministerio Público acelere las diligencias para evitar mayores perjuicios a su cliente, quien sigue figurando como titular del terreno en los registros oficiales.

El inmueble, ubicado en una zona de alto valor agrícola, continúa bajo ocupación de miembros de la congregación “Pueblo de Dios”. Mientras tanto, la defensa del propietario exige que se determinen las responsabilidades penales y se restituyan los derechos sobre el terreno de 20 hectáreas.

Fuente: El Observador