Mesa de Memoria alerta retroceso autoritario antes del 3 de noviembre

La Mesa Memoria Histórica (1954-1989), integrada por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, difundió un comunicado con vistas al 3 de noviembre, fecha que el estronismo usaba para conmemorar el cumpleaños del dictador Alfredo Stroessner.

El pronunciamiento advierte un retroceso en materia democrática y de libertades públicas, con señales de intolerancia que afectan la protesta y la labor periodística.

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El documento describe el uso desmedido de la fuerza contra manifestaciones pacíficas, especialmente de jóvenes de la llamada generación Z. También menciona amenazas reiteradas a periodistas y la promulgación de la denominada ley garrote, a la que atribuye un impacto restrictivo sobre las organizaciones de la sociedad civil. La plataforma solicita vigilancia ciudadana y respeto a las garantías constitucionales.

En el plano judicial, la Mesa expresa inquietud por la dilación del juicio a los excomisarios Eusebio Torres y Lorenzo Laspina, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Señala que el proceso suma catorce años en tribunales sin sentencia y pide al Tribunal de Sentencia frenar maniobras dilatorias. Entre los recursos objetados enumera reposos médicos y cambios de defensa que aplazan el juicio oral de forma indefinida.

La organización recuerda que este juicio se impulsa gracias a víctimas de la dictadura afectadas por el Plan Cóndor. Dicho plan es descrito como una “red criminal y clandestina” establecida por las dictaduras del Cono Sur, incluyendo las de Stroessner, Pinochet y Videla, para intercambiar opositores. La Mesa advierte que las víctimas de esa época están falleciendo mientras el caso sigue siendo demorado por “jueces insensibles”, justo cuando la región conmemora los 50 años del siniestro plan.

El comunicado también llama la atención sobre la falta de presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura. Indica que la Dirección de Memoria y Reparación del Ministerio de Justicia no puede sostener investigaciones ni continuar la localización de restos de más de 400 desaparecidos. Para la Mesa, esta situación debilita políticas asumidas como compromiso de Estado.

Finalmente, recuerda que la búsqueda y la reparación fueron asumidas públicamente por autoridades de los tres poderes en agosto de 2008, en el Teatro Municipal.

Fuente: ABC Color