Comenzó la audiencia preliminar contra la exintendenta Patricia Corvalán

La Fiscalía ratificó la acusación contra Patricia Corvalán y otros procesados por presuntos hechos de corrupción vinculados a la administración municipal de Quyquyhó.

La audiencia preliminar contra la exintendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), y otras 13 personas acusadas por presuntos hechos de corrupción comenzó este lunes ante el Juzgado de Delitos Económicos. En esta etapa, la Justicia deberá resolver si los procesados afrontarán un juicio oral y público por los hechos investigados.

La diligencia es dirigida por el juez de garantías Humberto Otazú, mientras que el Ministerio Público ratificó íntegramente la acusación presentada. El inicio del acto procesal se produjo luego de varias suspensiones y tras medidas adoptadas por el juzgado, entre ellas advertencias a varios abogados y el arresto domiciliario de Corvalán y de Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego (ANR).

En la causa, la Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron cuando Esteban Samaniego se desempeñaba como intendente de Quyquyhó. El legislador también fue imputado en la investigación, aunque el proceso en su contra quedó suspendido debido al fuero parlamentario que posee como diputado.

Fiscalía sostiene que hubo desvío de fondos municipales

Según la acusación fiscal, entre 2017 y 2018, Esteban Samaniego y Patricia Corvalán habrían obtenido beneficios económicos indebidos mediante el presunto desvío de recursos de la Municipalidad de Quyquyhó por un total de G. 1.108.599.918.

De acuerdo con la investigación, ese dinero habría sido destinado a la construcción de una vivienda familiar de dos plantas y 306 metros cuadrados, ubicada sobre las calles Padre Juan María Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. El inmueble pertenece a Blanca Álvarez, madre del diputado y suegra de la entonces intendenta.

También investigan pagos a familiares y allegados

La acusación fiscal también señala que, presuntamente, durante la administración municipal se realizaron pagos directos con fondos de la comuna a familiares del entonces intendente y a su guardaespaldas mediante la efectivización de cheques.

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Según el Ministerio Público, estas operaciones habrían generado un beneficio económico indebido de G. 338.595.000. Con el inicio de la audiencia preliminar, el juzgado deberá analizar los elementos presentados por la Fiscalía y decidir si Patricia Corvalán y los demás acusados son enviados a juicio oral y público.

Fuente: Megacadena

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