Exintendenta de Quyquyhó irá a juicio oral por presunta lesión de confianza

El juez Humberto Otazú resolvió enviar la causa a juicio oral tras la audiencia preliminar. Diez procesados solicitaron una salida alternativa al reconocer los hechos atribuidos.

La causa por presunta lesión de confianza contra la exintendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, fue elevada a juicio oral y público por decisión del juez Humberto Otazú. La investigación se refiere a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.109 millones y también continuará para otros tres procesados. El caso involucra hechos investigados en la administración municipal del distrito de Paraguarí.

Además de Corvalán, fueron enviados a juicio oral Manuel Olazar, Enrique Lovera y Andrés Arrúa. La resolución fue adoptada luego de la audiencia preliminar, desarrollada tras varios incidentes procesales. En la misma causa figura el diputado colorado Esteban Samaniego, esposo de Corvalán, aunque hasta el momento no fue procesado porque la Cámara de Diputados no trató los cuatro pedidos de desafuero presentados en su contra.

Juicio oral y situación de los demás procesados

Según la investigación, el presunto daño patrimonial corresponde al año 2017, periodo en el que Esteban Samaniego ejercía la Intendencia de Quyquyhó. Sin embargo, la causa penal contra el legislador permanece sin avances debido a que conserva sus fueros parlamentarios.

Por otra parte, diez procesados obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento. Entre ellos se encuentran Blanca Álvarez, madre del diputado, y Ruth Mercedes Medina Yegros, precandidata colorada a la Intendencia de Quyquyhó. Durante la audiencia, los beneficiados reconocieron los hechos atribuidos por el Ministerio Público y plantearon devolver el presunto dinero, además de ofrecer una compensación económica. El juez deberá resolver si acepta esa salida procesal.

Medidas judiciales y otros involucrados

Durante la segunda jornada de la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú también dispuso retirar las tobilleras electrónicas a Patricia Corvalán, Ruth Mercedes Medina Yegros, Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, actual presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó. No obstante, todos continuarán bajo arresto domiciliario.

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Olazar se desempeñó como director de Finanzas de la Municipalidad, mientras que Lovera ocupó el cargo de jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). En la causa también figura Soledad Ramona Pereira Ayala, declarada prófuga. Además, Juan Fanego Otazú, Vilma Fanego Otazú, Justino Ayala y Julián Olmedo Brizuela fueron sobreseídos definitivamente, mientras que otras dos personas obtuvieron la extinción de la acción penal.

Fuente: ABC Color

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