Fiscalía no imputará a consejeros del IPS

El Ministerio Público descartó formular imputación penal contra los miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Esta decisión jurídica surge en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza. La causa indaga el perjuicio de más de 60.000 millones de guaraníes en la previsional.

La pesquisa fiscal afecta a los expresidentes del ente Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de varios funcionarios. El proceso penal analiza el fallido proyecto para construir un quirófano modular en el Hospital Central. Dicho plan continuó mediante adendas contractuales pese a graves fallas edilicias preexistentes.

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La licitación pública fue adjudicada a la constructora Neighpart S.A. hace seis años. Sin embargo, los trabajos nunca concluyeron ni fueron puestos a disposición de los asegurados. Por consiguiente, la Fiscalía concentró sus actuaciones iniciales en los principales ordenadores de gastos institucionales.

Argumentos para deslindar al Consejo de Administración

El fiscal de la causa, Julio Ortiz, confirmó que no incluirá en el procesamiento a los consejeros. La representación fiscal argumentó que la carta orgánica del IPS no otorga atribuciones directas al colegiado sobre procesos licitatorios. Por ende, no existe nexo causal legal con las irregularidades investigadas.

Según fundamentó el agente fiscal, los consejeros “no tienen poder de decisión directa sobre hacer el desembolso o elegir a la empresa adjudicada”. La función del cuerpo administrativo consistió únicamente en culminar el trámite formal tras los dictámenes técnicos de diversas gerencias operativas.

En contraste, los expresidentes del IPS asumieron el rol de ordenadores de gastos directos. Esta potestad administrativa incluyó la firma de autorizaciones para transferencias monetarias. Por esta razón, el Ministerio Público sostiene la responsabilidad penal de las exmáximas autoridades del ente previsional.

Imposibilidad de sobreseimiento ante obras pendientes

Por otro lado, Ortiz rechazó un eventual sobreseimiento si la administración de Isaías Fretes concluye las obras. “El hecho ya se originó, ya se consumó (con respecto a los imputados). Pasaron seis años y eso tenía que haberse construido, ya no está más en poder de los imputados que se construya o no”, remarcó.

Asimismo, el fiscal verificó in situ que las salas modulares no fueron edificadas por Neighpart S.A., pese a los continuos pagos. “No existe la obra concluida, ni iniciada tan siquiera, del quirófano modular, que la empresa Neighpart S.A. adquirió en licitación”, ratificó el investigador.

Fuente: ABC Color