Prohibición de celulares en colegios sigue sin definirse

La prohibición de celulares en colegios y escuelas de Paraguay continúa sin definirse, pese a que el proyecto de ley obtuvo sanción automática el pasado 25 de septiembre. A más de un mes de ese trámite, el documento todavía no fue remitido al presidente Santiago Peña. La demora mantiene pendiente una normativa que busca restringir los dispositivos electrónicos en instituciones educativas de todo el país.

La propuesta contempla restricciones para estudiantes y docentes de educación inicial, escolar básica y media. Sin embargo, mientras se acerca el cierre del año lectivo, el Poder Ejecutivo todavía no recibió el documento para su evaluación. Una vez remitido, el mandatario deberá decidir si promulga la ley o presenta un veto.

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El proyecto quedó sancionado automáticamente en la Cámara de Diputados el 25 de septiembre, sin una nueva resolución del pleno. Posteriormente, el procedimiento administrativo avanzó con varias semanas de diferencia. Los registros oficiales muestran que el reclamo del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ingresó a Diputados el 14 de octubre.

Prohibición de celulares sigue pendiente de remisión

El 20 de octubre, el documento tuvo entrada formal en la Dirección de Proyectos en Estudio de la Cámara Baja. Este trámite era necesario para completar la formalización de la sanción automática. La comunicación solicitaba remitir al Ejecutivo los proyectos aprobados conforme a la versión del Senado.

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El pedido se fundamenta en el artículo 211 de la Constitución Nacional. Desde entonces, corresponde al presidente de Diputados, Raúl Latorre, firmar y enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. No obstante, hasta el momento señalado, la remisión continúa pendiente y no existe una decisión presidencial sobre la normativa.

Restricción de celulares también alcanzaría a docentes

La propuesta prohíbe utilizar celulares, tablets, notebooks y otros dispositivos electrónicos portátiles dentro de las instituciones educativas. La restricción abarcaría tanto las horas de clase como los recreos y descansos. También se aplicaría en otros espacios de los establecimientos, según las disposiciones previstas en el proyecto.

Uno de los puntos que genera controversia es el artículo 4, que extiende la prohibición a los educadores. La disposición incluye a quienes acompañan y participan en los procesos educativos de los estudiantes. De esta manera, la medida no quedaría limitada únicamente a los alumnos, sino que también alcanzaría al personal docente.

Sin embargo, el proyecto contempla excepciones para utilizar estos dispositivos con fines didácticos y académicos. Su aplicación dependería de las condiciones establecidas por cada institución educativa. Mientras tanto, la propuesta permanece en el Congreso, sin haber completado el procedimiento necesario para que Santiago Peña resuelva su promulgación o veto.

Fuente: ABC Color