Juez embarga ocho propiedades vinculadas a Santiago Peña

El juez Humberto Otazú prohibió vender o modificar jurídicamente los inmuebles, registrados a nombre de un tercero.

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó el embargo de ocho propiedades vinculadas a Santiago Peña. Los inmuebles están ubicados en San Bernardino, departamento de Cordillera. La medida fue dictada en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos patrimoniales. El proceso está identificado como Causa N.º 92/2026.

La resolución judicial responde a un pedido de los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez. Los agentes solicitaron medidas cautelares sobre los inmuebles relacionados con el expresidente. El magistrado dispuso la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo. Estas restricciones buscan impedir movimientos patrimoniales mientras avanza la investigación penal.

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Aunque las ocho propiedades están vinculadas a Peña, ninguna figura registrada a su nombre. Según los registros, el titular es José Luis Módica Alsina. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el verdadero propietario sería el exmandatario. Esta hipótesis se apoya en elementos reunidos durante las diligencias, incluido el allanamiento de la denominada “Mansión Sanber”.

Embargo de propiedades de Santiago Peña supera G. 3,6 billones

El embargo preventivo alcanza G. 3.608.550.782.201, equivalentes a aproximadamente G. 3,6 billones. La resolución distribuye unos G. 451.068 millones por cada inmueble afectado. La cifra corresponde al monto de la medida cautelar y no necesariamente al valor comercial de las propiedades.

El juez fundamentó su decisión en la necesidad de evitar posibles movimientos sobre el patrimonio investigado. La resolución busca impedir que los procesados puedan vender, transferir u ocultar bienes durante el procedimiento. También establece restricciones para celebrar contratos relacionados con los inmuebles alcanzados.

De acuerdo con la disposición judicial, los Registros Públicos deberán impedir transferencias y modificaciones jurídicas sobre las ocho propiedades. Las restricciones permanecerán vigentes mientras corresponda su aplicación dentro del proceso judicial. De esta manera, los inmuebles quedan sujetos a las medidas cautelares ordenadas por Otazú.

Investigación por fondos públicos colocados en Ueno Bank

La investigación penal examina presuntas operaciones irregulares relacionadas con depósitos públicos y previsionales colocados en Ueno Bank SA. También incluye el otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad. Estas operaciones forman parte de los hechos patrimoniales investigados por el Ministerio Público.

Según la hipótesis fiscal, Santiago Peña habría aprovechado su posición como presidente para promover el traslado de fondos públicos hacia Ueno Bank. Los investigadores sostienen que mantenía intereses económicos relacionados con la entidad financiera. Las medidas sobre los inmuebles buscan preservar los bienes mientras se esclarecen las presuntas irregularidades.

Fuente: ABC Color

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