Seis empresas del Grupo Vázquez suman G. 287.630 millones en contratos estatales: DNIT, BCP y MEF lideran, según DNCP

Seis empresas vinculadas al Grupo Vázquez acumularon adjudicaciones estatales por G. 287.630 millones entre 2023 y 2026. Los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) corresponden a 157 procesos, sin incluir contrataciones en consorcio. Tras la caída de Ueno Bank, surge la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos todavía vigentes.

El relevamiento identifica a Technoma SAECA como la principal adjudicataria, con G. 250.151 millones, equivalentes a casi el 87% del total. Le siguen ITTI SAE, con G. 27.719 millones, y Ueno Seguros SA, con G. 6.009 millones. También figuran Discover Paraguay SA, Impresión, Distribución y Logística SA y Office Design SRL.

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Las contrataciones comprenden principalmente equipos informáticos, infraestructura tecnológica, licencias de software y servicios de seguridad informática. También incluyen mantenimiento de servidores y sistemas de comunicación. Según los registros, las instituciones públicas adjudicaron G. 287.630 millones, de los cuales G. 162.395 millones figuran como pagados.

DNIT y BCP lideran contratos con el Grupo Vázquez

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encabeza las adjudicaciones, con G. 88.777 millones distribuidos en 21 procesos. Todos corresponden a Technoma. Le sigue el Banco Central del Paraguay (BCP), con G. 61.744 millones, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con G. 31.582 millones.

También aparecen el Mitic, con G. 22.467 millones, y el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 19.603 millones. Estas cinco instituciones concentran casi el 78% de las adjudicaciones identificadas. La ANDE registra otros G. 13.885 millones. Además, el BNF pretendía adjudicar a ITTI un sistema bancario por G. 135.853 millones, pero el llamado cayó.

DNCP explica qué pasará con los contratos vigentes

El director de la DNCP, Agustín Encina, aclaró que la crisis del Grupo Vázquez no implica cancelar automáticamente sus contratos. Cada institución deberá evaluar posibles incumplimientos antes de iniciar una rescisión. Los administradores contractuales tendrán que identificar las faltas y comunicarlas a las autoridades correspondientes.

Encina explicó que el impacto dependerá del avance de cada contratación. Los compromisos próximos a finalizar tendrían una afectación menor. En cambio, los contratos recientes podrían requerir nuevas convocatorias si se rescinden. También existe la contratación por excepción, únicamente cuando una urgencia justifique utilizar ese procedimiento.

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Finalmente, el titular de Contrataciones Públicas recordó que las empresas adjudicadas deben presentar garantías contractuales. Estas podrán ejecutarse ante incumplimientos debidamente identificados y documentados. Su aplicación dependerá de las actuaciones de cada institución contratante, que deberá determinar la continuidad de los servicios y las medidas correspondientes.

Fuente: ABC Color