Contratados públicos deben actualizar o cerrar su RUC ante la DNIT por nueva norma

Los empleados de la función pública bajo modalidad de contrato deberán actualizar o cerrar su RUC a partir del próximo mes. Carlos Oviedo, coordinador de seguimiento y operaciones de la Gerencia General de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anunció esta medida. Los trabajadores estatales comenzarán a aportar al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o Caja Fiscal desde el 1 de julio.

La disposición previsional establece que los descuentos correspondientes se aplicarán de forma automática a los afectados paraguayos. El mecanismo impositivo regirá bajo las mismas condiciones legales que hoy se aplican para el personal nombrado. Por este motivo, quienes activaron su registro único de contribuyentes para facturar el impuesto al valor agregado (IVA) al Estado sufrirán modificaciones tributarias.

La reglamentación gubernamental impactará de manera directa en las finanzas de la administración aduanera y tributaria del país. Según las estimaciones oficiales de la DNIT, las cancelaciones imprevistas de registros podrían generar un impacto de USD 7 millones en la recaudación general. Esta transición laboral busca regularizar la situación previsional de miles de prestadores de servicios que operaban de forma independiente.

¿A cuántos trabajadores estatales afectará esta medida tributaria?

Actualmente, la institución estatal registra un universo total de 38.643 contratados que mantienen su obligación de IVA activa. De esta cifra global, unos 10.917 contribuyentes también se encuentran inscriptos para rendir el impuesto a la renta personal (IRP). En consecuencia, las autoridades estiman que unos 27.726 trabajadores se encuentran habilitados para tramitar la baja definitiva del registro fiscal.

El coordinador aclaró de forma taxativa que no todos los funcionarios están obligados a dar de baja sus perfiles. Si un trabajador del Estado desarrolla de forma paralela otra actividad económica gravada, debe conservar obligatoriamente su identificación tributaria. La cancelación definitiva de la matrícula fiscal procede únicamente cuando no existan otros hechos generadores de impuestos comerciales vigentes.

¿Cuáles son las tres opciones disponibles en el Sistema Marangatu?

La transición administrativa ofrece tres alternativas legales distintas que se adaptan a la situación particular de cada contribuyente.

La primera opción consiste en la cancelación definitiva, dirigida en exclusiva a quienes solo facturaban servicios personales a dependencias públicas. Estos trabajadores ingresarán ahora a un régimen de estricta relación de dependencia laboral con el Estado paraguayo.

Opciones para el Contribuyente:
1. Cancelación Definitiva (Sin otras actividades gravadas)
2. Actualización de Datos (Con IRP o actividad comercial extra)
3. Suspensión Temporal (Planes de reactivación a corto plazo)

La segunda alternativa corresponde a la actualización de datos para quienes perciben ingresos anuales superiores a los G. 80 millones. Este grupo, que ya liquida el IRP o posee comercios propios, mantendrá el identificador pero modificará sus obligaciones.

Como tercera vía, los aportantes pueden optar por la suspensión temporal del registro si prevén iniciar actividades independientes próximamente.

Requisitos institucionales para gestionar el trámite gratuito

El proceso de modificación de datos fiscales no se ejecutará de manera masiva ni por medio de un sistema automático. El procedimiento se gestiona de forma individual y únicamente a petición expresa del interesado ante las oficinas virtuales correspondientes. El postulante debe ingresar a la plataforma Marangatu utilizando su clave de acceso confidencial para rellenar los formularios digitales.

“La solicitud tiene que reunir una serie de requisitos. En líneas generales, el contribuyente debe estar al día con sus obligaciones tributarias”, señaló Carlos Oviedo.

Cada repartición pública del país tiene la responsabilidad de coordinar internamente la incorporación formal de sus funcionarios a la Caja Fiscal. Los departamentos de recursos humanos realizarán las comunicaciones pertinentes para evitar inconvenientes administrativos durante el periodo de traspaso legal. El trámite ante el fisco es totalmente gratuito y no requiere la presencia física del solicitante en las sedes. “rdn”

Plazos de implementación y cómputo de aportes jubilatorios

Los cambios estructurales se ejecutan bajo el marco jurídico establecido por el Decreto 5929/2026 emitido por el Poder Ejecutivo. Dicha normativa se encarga de reglamentar el artículo 84 de la Ley 7445/2025 “de la Función Pública y del Servicio Civil”. El documento presidencial determina que la integración de los empleados al sistema previsional iniciará en el segundo semestre del corriente año.

Durante esta etapa inicial, la incorporación obligatoria abarcará únicamente a los trabajadores que forman parte del Poder Ejecutivo. Los contratados pertenecientes a los demás poderes del Estado se sumarán de forma progresiva según el cronograma oficial del Ministerio de Economía. Las autoridades fijaron el 1 de enero de 2028 como la fecha límite máxima para concluir la inserción total.

Finalmente, la normativa contempla incentivos para la carrera profesional de los funcionarios que ingresan al nuevo sistema de jubilaciones. En caso de que un contratado acceda a un cargo oficial permanente mediante concurso público, sus años de servicio serán reconocidos. La Caja Fiscal computará la totalidad de los aportes jubilatorios realizados desde su etapa inicial bajo la modalidad de contrato.

Fuente: Última Hora