Mafia de los pagarés: Hallan 10.000 expedientes judiciales en empresa privada

Una investigación de la Fiscalía reveló que aproximadamente 10.000 expedientes de los Juzgados de Paz de la Capital se encontraban en poder de una empresa privada (CARSA) dedicada a la compra y cobro de deudas. Este hallazgo expone irregularidades en el resguardo de documentos judiciales y el posible involucramiento de funcionarios del sistema de justicia.

El caso salió a la luz en el marco de la investigación sobre la llamada “mafia de pagarés”, en la que también se incautaron documentos en la vivienda de Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta. Según la Fiscalía, los expedientes almacenados en la empresa privada contenían procesos judiciales relacionados con el cobro de deudas a particulares.

Mafia de los pagarés: Retiraron expedientes de una casa de cobranzas

«La gente de Carsa se puso a disposición del Ministerio Público, fuimos hasta la oficina y sacamos cerca de 10.000 expedientes», expresa la fiscal Belinda Bobadilla.#AM1080 pic.twitter.com/GgtGMDuNtp

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 31, 2025

Ante la gravedad del caso, la fiscal Belinda Bobadilla ordenó el traslado de los documentos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su resguardo institucional. Se realizó un inventario detallado que identifica el juzgado de origen de cada expediente, dejando bajo sospecha a todas las dependencias implicadas en la remisión de documentos fuera del control judicial.

El Código Procesal Civil establece que los expedientes judiciales solo pueden salir de los juzgados bajo circunstancias específicas y con la debida custodia de los actuarios. No obstante, en este caso, los documentos habrían sido manejados fuera de las normativas vigentes, lo que abre la posibilidad de imputaciones contra los responsables.

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Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no ha respondido a los pedidos de informes solicitados por el Ministerio Público sobre auditorías realizadas en juzgados como los de Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot y Gustavo Villalba Báez. También se aguardan datos de otros juzgados para ampliar la investigación.

A pesar de la magnitud del hallazgo, la Fiscalía aún no ha formulado imputaciones contra jueces o funcionarios que podrían estar vinculados a este esquema de descontrol documental, el cual habría facilitado maniobras fraudulentas en perjuicio de ciudadanos.

Fuente: Judiciales.net