Senado aprueba ley contra mafia de pagarés

El Senado de la Nación aprobó este jueves 13 de junio un proyecto de ley que establece nuevas condiciones para el uso de pagarés en procesos judiciales, con el objetivo de evitar su circulación fraudulenta. La iniciativa establece el depósito judicial obligatorio de estos documentos durante la acción ejecutiva o la preparación del juicio, como medida de protección a los deudores y de garantía procesal.

La propuesta, aprobada por unanimidad, establece que los pagarés originales deben permanecer bajo custodia del juzgado mientras dure el proceso. En situaciones excepcionales, el demandante podrá ser designado depositario judicial, pero con la obligación de devolver el documento al finalizar el juicio o cuando el tribunal lo requiera. Además, será requisito presentar el pagaré original para iniciar cualquier reclamo judicial de cobro.

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Rafael Filizzola, presidente de la comisión especial del Senado que investiga los esquemas fraudulentos relacionados a pagarés, señaló que este es el primer paso legislativo concreto para poner freno a las maniobras que afectan a cientos de ciudadanos. “Con esta medida se evitará que un mismo documento sea utilizado múltiples veces para iniciar juicios, como viene ocurriendo”, explicó el legislador.

El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. La Corte Suprema de Justicia fue la impulsora de la normativa, y participó en su elaboración junto con senadores y técnicos especializados, con el objetivo de reforzar la trazabilidad de los documentos y evitar su uso ilegal en procesos civiles.

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En la misma sesión, la Cámara Alta aprobó la creación de siete nuevos Juzgados de Paz en Asunción, sin requerir un aumento presupuestario. El objetivo es descongestionar los juzgados existentes, que actualmente manejan altos volúmenes de causas. Serán asignados jueces de otros distritos hasta que se nombre personal permanente.

La aprobación de ambos proyectos representa un avance significativo en la lucha contra la “mafia de los pagarés” y busca restaurar la confianza en el sistema judicial. Filizzola enfatizó que aún quedan más medidas por analizar, pero destacó este paso como una acción concreta para garantizar mayor seguridad jurídica y evitar abusos.

Fuente: Última Hora